Urgencia de calidad e innovación

Farmacéutico

La pobreza y el subdesarrollo son consecuencia de muchos factores, entre ellos la educación y la tecnología. Nuestro país ha extendido el nivel de cobertura educativa, no así la relevancia de la misma que afecta directamente la calidad. El último foro de competitividad sobre América Latina señala este último aspecto como una notable desventaja, de la cual Tiquicia no escapa, ya que el mismo informe de competitividad global (GCR, siglas en inglés) resalta como desventaja tica la pobre calidad de la enseñanza en Ciencias y Matemáticas.

Un contraste abrumador son las instituciones educativas de los países del primer mundo, donde la curva de experiencia ya hace muchos años enseñó que esas dos ramas son vitales para la producción de nuevas tecnologías, para la creación de patentes que, justamente, los ha hecho ricos. Un papel clave han desempeñado las universidades cuyas investigaciones y alianzas con el sector privado generan riqueza mediante la creación de conocimiento fresco, y no se limitan a la simple transmisión de información que genera la memorización de un libro, práctica a la que se limitan sus homólogas en Costa Rica, donde la creación luego del referéndum parece estar destinada a “prácticas antisistema”. No se trata de tener personas con cartones de “profesionales” (¡algunas universidades privadas creen en eso!), sino con la riqueza de poder reinventarse e impactar su entorno. Más allá de administrar, tenemos que innovar.

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La innovación (con bases académicas de calidad) permite crear nuevas tecnologías, las cuales generan riqueza por el aumento inherente de eficiencia en las labores que las mismas proveen y por el flujo propio de dinero que cualquier patente genera. Sin embargo, esta carencia tica no es solo responsabilidad de las universidades y del poco compromiso del sector privado con ellas, sino también de la pobre legislación, nula acción judicial y desinterés del Ejecutivo.

Me explico: la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías son apoyadas por fuertes inversiones de capital en investigación y desarrollo, que ocupan un marco jurídico-legislativo que asegure una total protección a dichos flujos de dinero por medio de leyes claras y fuertes de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, que son justamente dos notables desventajas para la competitividad costarricense que señala el GCR. A esto se suma la actitud complaciente del Poder Judicial y del Ejecutivo que no aplican con rigurosidad las ya endebles leyes que existen respecto al tema, ni empujan las reformas necesarias en el sistema legislativo para mejorar el clima de inversión en investigación y desarrollo, que tanto necesitamos para dar ese anhelado salto hacia el desarrollo.

No es de extrañar que quienes están en la cima del GCR han apuntado hacia la educación, pero de calidad, y hacia la innovación en tecnología, pero con leyes que aseguran a los inversionistas total protección a su capital en forma de una rígida legislación de derechos de autor y propiedad intelectual que se ejecuta. La casualidad en temas de gestión pública no existe, la competitividad tampoco conoce esa palabra. Se requieren decisiones pensadas, sabias, firmes, que ni el tiempo ni la politiquería puedan borrar. ¡Es un compromiso con la excelencia!