Causas penales pendientes y pensiones alimenticias

175.000 costarricenses tienen prohibido abandonar el país

 Esa cantidad representa el seis por ciento de la población adulta

 Muchos ciudadanos son detenidos por fallas en los expedientes

Más de 175.000 costarricenses no pueden salir del país por estar obligados a pagar pensiones alimenticias o por figurar como imputados en causas penales.

Esa cifra, que suministró la Dirección General de Migración, representa más del 6 por ciento de la población adulta del país, estimada en casi tres millones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

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Según Migración, unos 15.000 foráneos tampoco pueden salir del territorio nacional.

Al menos 40 nacionales son interceptados por mes en el aeropuerto Juan Santamaría y en otros puestos migratorios, como Peñas Blancas, frontera con Nicaragua, y Paso Canoas, con Panamá, manifestó el director de Migración, Mario Zamora.

Algunos se enteran del impedimento de salida en el aeropuerto de donde son devueltos para que acudan al despacho judicial, donde son requeridos, en busca de autorización legal para viajar al exterior.

Estos casos ocurren frecuentemente con los obligados a pagar pensiones alimenticias.

Entre los afectados figura el futbolista Pablo Chinchilla, a quien las autoridades impidieron salir del país, el 26 de marzo anterior, cuando intentaba viajar con la Selección Nacional a Chile.

Expedientes incompletos. Las prohibiciones de salida son enviadas a una base de datos de Migración por Juzgados y Tribunales, pero la mayoría llega con la información incompleta, lo cual genera frecuentes problemas a “gente inocente”, admitió Zamora.

Recordó que dichas resoluciones deben consignar siempre “el nombre, nacionalidad, número de cédula o de identificación y su fecha de nacimiento”.

Sin embargo, los 200.000 expedientes que maneja actualmente Migración están incompletos, lo que pone a menudo en serios aprietos a “gente que tiene la mala suerte de tener el nombre y el primer apellido de una persona requerida por algún despacho judicial”.

Eso le sucedió, meses atrás, al empresario español, José López López, quien fue detenido en el Juan Santamaría porque “tenía pendiente el pago de una pensión alimenticia”.

El foráneo insistió ante los oficiales de Migración que se trataba de un error pero, pese a sus súplicas, perdió el vuelo hacia España y, además, tuvo que viajar hasta Matina, Limón, para solicitar un documento judicial para aclarar todo.

“El problema es que se trata de órdenes judiciales y debemos cumplirlas al pie de la letra. Aunque alguien insista que no se trata de la persona que aparece en la base de datos, tenemos que impedir su salida del país”, insistió Zamora.

Según dijo, además de una pérdida económica, el afectado sufre un “grave daño moral porque a veces se trata de personas que van con amigos y familiares, y se ven obligadas a desistir de su viaje”.

Zamora agregó: “También hay casos de empresarios o empleados de compañías que pierden su viaje injustamente, por lo que enfrentan problemas en sus trabajos”.

Más de 40 al mes. Según datos oficiales, al menos 40 personas por mes, la mayoría “inocentes”, ven truncado su viaje al exterior por expedientes judiciales incompletos.

El caso más reciente ocurrió el 12 de noviembre cuando oficiales destacados en el Juan Santamaría retuvieron al productor de la Compañía Lírica Pópera, el español Miguel Ángel Arenas, quien lanzó a la fama a Alejandro Sanz y al desaparecido grupo Mecano, entre otros artistas internacionales.

Su nombre coincidía con el de un vecino de Heredia, contra quien pesaba impedimento de salida por pensión alimenticia.

Tras momentos de incertidumbre, se solucionó su problema y lo dejaron marcharse.

Pero no todos tienen esa suerte, reconoció Zamora.

Según dijo, el miércoles se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, para “buscar soluciones” y confía en agilizar la revisión de los casos “al menor tiempo posible para bienestar de muchas personas”.

El magistrado calificó ayer la situación como compleja y recordó que en algunos casos se trata de impedimentos de salida “de muchísimos años atrás”.

“La solución no es fácil. Primero hay que levantar una lista de los expedientes y coordinar con cada uno de los tribunales. Le pedí a Migración alguna propuesta para que solucionemos este problema de alguna manera”, anunció Mora.

Un calvario

“Estamos conscientes de que muchas personas viven un terrible calvario debido a expedientes incompletos que envían los despachos judiciales”

Mario Zamora

Director de Migración