Costa Rica, Viernes 23 de noviembre de 2007

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Rodrigo Arias Sánchez

El mandato popular es indiscutible

 Un lamentable intento de burlar la decisión de los ciudadanos

Ministro de la Presidencia

Durante los últimos meses, nuestra patria ha tenido la oportunidad de palpar la fibra más profunda de la democracia.

El pasado 7 de octubre, siguiendo nuestras mejores tradiciones, Costa Rica optó por las urnas y el sufragio y no por las calles y la violencia para tomar una decisión largamente postergada.

Ese domingo hicimos posible que el pueblo fuera partícipe y no solo espectador del futuro de este país, y que 4 millones de costarricenses que habíamos visto la paz y la libertad, viéramos también la democracia.

La vimos en los rostros de los hombres y las mujeres que hicieron valer su derecho al voto; en las sonrisas de los niños y jóvenes que trabajaron en las escuelas y colegios; en cada una de las agrupaciones políticas y sociales que transmitieron su mensaje sobre el TLC, amparados por nuestra libertad de expresión y asociación.

Respeto mayoritario. La suma de las voluntades individuales, ejercida de manera libre y respetuosa, en un proceso coordinado de forma transparente por el Tribunal Supremo de Elecciones, y así ratificado por todos los observadores internacionales, nos deparó el resultado final ya conocido y respetado por la inmensa mayoría.

Esa voluntad ciudadana debe convertirse en ejemplo vivo de uno de los valores centrales que permite al ser humano convivir en sociedad: el respeto a la decisión de las mayorías.

Nuestra obligación, como demócratas convencidos, es entregar al pueblo la certeza de que los votos emitidos en un referéndum valen, y de que, una vez convertidos esos votos en ley, su voluntad debe acatarse.

Lo contrario es, simplemente, desconocer a la democracia misma, sus mecanismos y resultados. Proceder así no es ni ético ni moral ni legal. En la democracia más estable y admirada de América Latina, es inadmisible que se cuestione o condicione la voz de las urnas.

Respeto y reconocimiento. En este sentido, el Gobierno ha entendido con claridad que existe un porcentaje importante de costarricenses que se manifestó opuesto al Tratado. Para ellos, nuestro respeto y reconocimiento por emplear mayoritariamente los canales democráticos para hacer valer su opinión.

Hemos hecho y seguiremos haciendo esfuerzos para escuchar sus ideas, mejorar nuestras posturas, ampliar nuestra visión y, así, lograr construir juntos el país próspero, equitativo y solidario que todos queremos y merecemos.

Pero también la oposición debe tener, como ya lo ha hecho en su gran mayoría, la humildad para reconocer que el Tratado de Libre Comercio ratificado el pasado miércoles fue aprobado en las urnas, y, por lo tanto, existe un mandato popular indiscutible para ponerlo en ejecución.

Por esta razón, consideramos que apelar a subterfugios reglamentarios para retrasar o impedir su vigencia, sería un lamentable intento de burlar la decisión soberana de los ciudadanos.

Esta no debe ser la actitud de un demócrata convencido. Es más bien la de un “demócrata” por conveniencia, aquel que solo acepta los resultados cuando le favorecen, y se refugia en el insulto, la amenaza de huelga, el bloqueo y la violencia para hacer valer sus opiniones.

Mejores caminos. No tengo dudas de que juntos, teniendo la verdad como principio, el diálogo como bandera y el respeto como norma, todos los partidos y sectores sociales podremos construir nuevos y mejores caminos para el futuro del país.

Por nuestra parte, desde el Gobierno, abrimos como siempre la puerta al diálogo. Lo hacemos comprendiendo que este diálogo no consiste en ordenar, sino en conversar, en deponer actitudes intransigentes, en exacerbar nuestra capacidad para comprender al otro y, a partir de esto, conseguir un acuerdo superior con el aporte de todos.

Costa Rica y cada una de nuestras familias lo merecen.

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