Odioso proyecto contra Conarroz

 La actividad arrocera no debe quedar desfinanciada

Director Ejecutivo de Conarroz

La mayoría de las instituciones y entidades consultadas por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa no apoyan el odioso proyecto de ley de “reforma” (deforma) a la ley 8285, creación de la Corporación Arrocera Nacional, presentado por Mario Quirós, diputado del Movimiento Libertario.

Don William Méndez Garita acude dos días después de conocer los criterios de apoyo a Conarroz –por parte del Gobierno de la República y de la Contraloría General de la República–,a gritar su ira ante la opinión pública con el artículo “Odioso impuesto arrocero”. uno más de sus tantos ataques contra Conarroz, con cifras exageradas.

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Su molestia nace, aparentemente, tras conocerse los criterios externados sobre el proyecto ante la comisión de diputados citada del hasta hace poco ministro de la Producción, Marco Vargas: “el Gobierno, estudiadas las reformas propuestas, no apoya el proyecto de ley de reforma a la Ley 8285, Creación de la Corporación Arrocera, el cual desfortalece o atenta –diría yo– contra la acción de Conarroz, y afecta directamente la ejecución de los programas de apoyo al sector arrocero, los cuales estamos llevando a cabo de manera concertada” (Pág. 5 Acta 36 del 23 de octubre del 2007); y de la licenciada Rocío Aguilar Montoya, contralora general de la República, que expresó: “En resumen, este proyecto no es claro, va a presentarse a confusiones, dejamos a la actividad desfinanciada y no corregimos ninguno de los problemas que en el pasado se hablaba” (Pág. 11 del Acta 35 del pasado 16 de octubre del 2007).

A esas voces se suman las de Upanacional, Oficina Nacional de Semillas, INTA, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, entre otros, que solicitan contundentemente a los diputados, no aprobar, rechazar, desistir y archivar el proyecto que defiende don William.

¿Duele esto? Explica el articulista del “Odioso impuesto arrocero”, que el proyecto busca “eliminar el impuesto arrocero y los privilegios que se crearon para un grupo pequeño en perjuicio de los más pobres”. Bien lo califica porque es “odioso”, que los recursos millonarios que antes quedaban en la bolsa de los grupos que él hoy defiende, van ahora a la investigación y transferencia de tecnología, que busca impulsar el sector arrocero, abandonado por el Estado desde hace más de 20 años. No menciona don William que Conarroz ha destinado más de ¢836 millones en los últimos 8 meses, para minimizarle el precio a los consumidores, cuando el precio internacional del arroz es más alto que el arroz local. ¿Serán esos aportes de Conarroz para proteger el precio al consumidor los que le duelen a don William?

En su comparecencia, la contralora Aguilar Montoya, responsabilizó al Poder Ejecutivo y a los ministerios de Agricultura, Economía, Comercio Exterior y Hacienda, de la administración anterior, por la declaratoria de un decreto por medio del que origina un mandato de otorgar recursos al sector arrocero, para compensar dos y medio años en que el MEIC no aumentó el precio a los productores, muchos quebraron y el país perdió autosuficiencia en la producción de arroz. Odiosa declaración, diría don William. Excelente exoneración, diría el sector arrocero, y atinada posición de la mayoría de grupos que hoy apoyan la existencia de Conarroz, para buscar la seguridad alimentaria de Costa Rica en el alimento más importante de la dieta diaria de la población nacional.