Política laboral integral

 Se impone una revisión concienzuda de los salarios mínimos para armonizarlos con la realidad

 El punto más crítico de la política salarial se relaciona con la productividad, otro gran reto nacional

Tal como lo enunciamos en nuestro editorial del domingo anterior sobre el mercado laboral, nos referimos en este nuevo comentario a la política de salarios mínimos, la productividad y la inmigración. De este modo, completamos un cuadro de ideas y de desafíos que necesariamente concitarán la atención de las autoridades políticas y monetarias del país.

Las políticas de salarios mínimos y educación para incrementar la productividad de los trabajadores también debe ser objeto de escrutinio y formar parte de la estrategia global para lograr una política laboral integral. Conforme a la teoría convencional, si los salarios mínimos se fijan por debajo del equilibrio del mercado, son irrelevantes; y, si lo superan, hay desempleo.

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Se deben evitar ambos extremos. Pero en el mundo de la realidad hay situaciones indefinidas y discriminaciones que se pueden corregir. No tiene ningún sentido fijar salarios mínimos por debajo de los niveles de equilibrio, pues permiten a patronos inescrupulosos explotar a los trabajadores y afectar las contribuciones para la jubilación, en detrimento de los ingresos de las instituciones y las prestaciones futuras de los trabajadores. Los salarios mínimos de las empleadas domésticas son claros ejemplos de fijaciones por debajo del mercado. En este contexto, se impone una revisión concienzuda de los salarios mínimos de todos los trabajadores para uniformarlos con la realidad.

El punto más crítico de la política salarial se relaciona con la productividad. El índice para medirla no es más que la producción total dividida entre el número de horas laboradas. Si es bajo, hay campo para mejorar la productividad de los trabajadores y, a la vez, incrementar la producción y los salarios. Los patronos siempre estarán dispuestos a pagar más por una mayor producción por hora o jornada laborada. Así, ambos ganan y, también, se benefician el país y las instituciones. Y ese es otro de los grandes retos que enfrentan las autoridades.

Los países desarrollados se han caracterizado por tener productividades más elevadas que las de los países en desarrollo, a pesar de haber experimentado en su historia fuertes corrientes de inmigración. Pero ellos, en vez de discriminarlos, los supieron incorporar en sus respectivas fuerzas laborales, los capacitaron y lograron aumentar su productividad. Y ahora pagan impuestos, generan producción y aumentan la demanda de bienes y servicios. Y así se hicieron grandes.

Mientras persistan las diferencias salariales y desempleo en los países, habrá presiones migratorias. Es inevitable. Por eso, es mejor regularla que prohibirla tajantemente. Esa debe ser la norma de la globalización en el futuro: integrar los mercados no solo de bienes y servicios, sino laboral, incluyendo trabajadores especializados que aportan tecnología y conocimiento. Porque la competencia es sana en todos los mercados, incluyendo el laboral.

Lo peor que le podría pasar a Costa Rica y los demás países involucrados es impedir la competencia de trabajo, prohibiéndola, sin evitar que la oleada de trabajadores extranjeros se refugie ilegalmente en el sector informal, ampliando los anillos de pobreza y demandando servicios de salud. He ahí un reto trascendental para las autoridades. Así como el Ministerio de Hacienda y el Banco Central coordinan desde hace mucho tiempo sus acciones para enrumbar el país hacia el equilibrio macroeconómico, el Gobierno debe coordinar adecuadamente sus acciones, y con los demás países, para lograr un mejor balance del mercado laboral nacional y mundial.