Jorge Guardia | jguardia@nacion.com

En Guardia

Mañana, en el Instituto de México, habrá una cita cimera de politólogos, abogados, economistas, periodistas, políticos y demás especímenes de nuestra fauna pensante y punzante.

Hay mucha expectativa. Se dará a conocer el Primer Informe Centroamericano de Gobernabilidad, elaborado por el Observatorio de la Democracia. Contará con la participación de Jaime Ordóñez, Eduardo Ulibarri y don Beto Cañas, entre otros. Yo me voy a infiltrar furtivamente, a ver qué pesco.

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Tuve la suerte de recibir una copia de los 5 ejemplares del voluminoso informe: uno por cada país, con una extensión de 5.000 páginas. Eso les dará una idea de la seriedad y amplitud de la investigación. El de Costa Rica, por ej., analiza el marco constitucional, régimen legal y estructura institucional del Estado, desmenuza los sistemas electorales, la representación política y participación (tema candente), junto al sistema tributario y fiscal, materia obligada para don Guillermo Zúñiga. También cuestiona la inversión en la institucionalidad democrática, descentralización y gobiernos locales.

Uno estaba acostumbrado a los análisis deductivos de la reforma democrática. Pero este va más allá. Es propositivo. No se conforma con describir los regímenes y sistemas, sino que desarrolla una metodología ingeniosa, aunque discutible, para evaluar el comportamiento de las principales instituciones democráticas: benchmarkings o mejores prácticas internacionales, según la literatura. Contiene una impresionante matriz compuesta por 85 variables y 455 indicadores de gobernabilidad, todos analizados minuciosamente. Como ven, no hay miseria. Y ahí reside, precisamente, su innovación. Propone muchas reformas concretas para perfeccionar nuestra democracia. Y darse gusto leyendo.

¿Salieron bien libradas la Constitución, sus instituciones y la democracia? Más o menos. Al evaluar el proceso para adoptar la Constitución, por ej., se sacó un 10. Pero al valorar el Reglamento Legislativo para poder aprobar en tiempo razonable las leyes necesarias, le asignó un cero. En rendición de cuentas, el Gobierno salió más o menos. Sin embargo, al valorar si la jurisprudencia de la Sala Constitucional consideraba la capacidad de pago del contribuyente como un derecho fundamental, apenas pasó raspando. Y le dio otro cero al valorar las exenciones fiscales, pues no siempre contribuyen a los fines públicos. Yo concuerdo. Desafortunadamente, no hizo una valoración global de los países para saber si aprobaban el curso, ni quiso comparar los resultados entre ellos. ¡Lástima! A mi juicio, es una limitación. Pero no le resta mérito a la investigación.