Costa Rica, Martes 20 de noviembre de 2007

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Javier Fallas Villaplana | jfallas@gmail.com

La Agenda de Implementación

 Los diputados deben respetar el espíritu original de las iniciativas, no desvirtuarlas

Abogado

El 7 de octubre, Costa Rica se convirtió en un excepcional caso en el procedimiento de aprobación de un acuerdo comercial. La votación legislativa fue sustituida por la votación popular. El TLC entre Centroamérica y EE. UU. fue finalmente aprobado mediante referéndum. Pero el camino no había finalizado ahí. Un requisito adicional debía ser cumplido y nuevamente era la Asamblea Legislativa la encargada de pronunciarse al respecto. Costa Rica tiene que aprobar arios proyectos de ley para que el TLC entre en vigencia.

La esperanza inicial de contar con el respaldo de las diferentes fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa, para respetar los plazos que ha indicado el Gobierno como fecha límite para que entre en vigencia el TLC (29 de febrero del 2008), se ha desvanecido con las acciones que algunas de ellas han desplegado en los últimos días: Excesiva presentación de mociones, el envío a consulta constitucional de todos los proyectos en cuestión que sean aprobados y el uso de todos los recursos legislativos que les otorgue el Reglamento.

Para avanzar. Así las cosas, pareciera que el camino de la Agenda de Implementación, y por lo tanto del TLC, no está todavía libre de obstáculos. Pareciera que la votación del 7 de octubre no fue señal suficiente para todos los grupos políticos del país. Es imprescindible, dentro de este contexto, desplegar todos los mecanismos de negociación política posibles con el fin de encontrar un punto que permita avanzar de forma propositiva en la tramitación legislativa. Además, es importante que, según reclaman los grupos opositores al TLC, el Gobierno explique con claridad la “fatalidad” de la fecha del 29 de febrero y las implicaciones reales de su eventual incumplimiento.

Sin embargo, por lo pronto, algunas consideraciones se pueden plantear sobre la tramitología de estos expedientes.

Uno de los proyectos, la reforma a la Ley de Representantes de Casas Extranjeras ya fue aprobado en primer debate y se encuentra en consulta ante la Sala Constitucional.

Tres convenios internacionales están siendo objeto de discusión. Al respecto, debe apuntarse que es imperativo aplicar rigurosos controles para que se respeten los principios de proporcionalidad y razonabilidad en las mociones que pueden ser presentadas y, lo más importante, aprobadas. Esto, por cuanto, este tipo de instrumentos no pueden ser modificados por los diputados sino que su potestad se limita a la aprobación de cláusulas interpretativas, que por su naturaleza no pueden ir más allá de lo que dice el convenio internacional que se trate, ni variar su contenido. De esta forma, no sería razonable que se apruebe un número excesivo de cláusulas en este sentido.

Espíritu y objetivo. En relación con las leyes y las reformas legales en curso, es importante indicar que, aparte de las restricciones que establece el Reglamento sobre la potestad modificatoria de los diputados, estos deberán respetar el espíritu original de las iniciativas y no desvirtuarlas. Eso podría ser causal suficiente para tener por no válida la presentación de una moción. Un ejemplo para clarificar este punto: Si una determinada iniciativa de ley pretende promover la apertura de un particular sector de la economía costarricense, podría pensarse en que no sería válida una moción que pretenda en su lugar, proponer que el sector en cuestión no se abra y más bien prohíba cualquier participación privada. Sería ir contra el espíritu y el objetivo inicial del proyecto, y por lo tanto se podría irrespetar el principio de conexidad. Es claro que este tema es controversial; sin embargo, también es cierto que las autoridades legislativas a cargo de la dirección y control del debate sobre estas iniciativas deben ejercer las potestades que constitucional y reglamentariamente les han sido otorgadas.

Un ejercicio responsable del derecho de oposición, por un lado, y por otra parte, de la debida dirección del debate, pueden facilitar la tramitación oportuna de las iniciativas en cuestión. El pueblo espera de la Asamblea, solo trabajo con responsabilidad. La parte que nos correspondía la cumplimos el pasado 7 de octubre.

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