Informe del Defensor del Pueblo para el 2006

Casi 16.000 niños bolivianos emigraron ilegalmente del país

 Estudio acusa a instancia públicas de autorizar salidas sin tener esa potestad

 Niños podrían ser víctimas del tráfico laboral o la explotación sexual

La Paz. EFE y AP. Casi 16.000 menores bolivianos emigraron de forma ilegal durante el 2006 por siete pasos fronterizos que conducen hacia Brasil, Argentina y Perú, indica un informe del Defensor del Pueblo difundido ayer por la prensa local boliviana.

Villazón, Bermejo y Yacuiba, localidades al sur de Bolivia y fronterizas con Argentina, son las que registraron un mayor flujo ilegal de menores con 14.360 salidas irregulares (80% del total).

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Según el estudio, por Desaguadero, en el límite con Perú, emigraron de forma irregular 817 niños, mientras que por Puerto Suárez, Cobija y Guayaramerín, en la frontera con Brasil, salieron 807.

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, indicó que también hay que tener en cuenta que un número indeterminado de niños deja el país sin dejar registro alguno, principalmente por lo pueblos de Cobija, Guayaramerín y Villazón.

Albarracín hizo hincapié en que la desprotección estatal es evidente por la escasez de controles en las fronteras y la inexistencia de políticas gubernamentales que velen por la seguridad de los menores.

Agregó que, pese a que la normativa boliviana señala que solo los jueces tienen potestad para autorizar las salidas al exterior de los menores, otras instancias municipales y regionales sin autorización para ejercer ese poder también otorgan esos permisos.

Indefensión de niños. Albarracín llamó la atención no solo sobre la cantidad de niños y adolescentes que salen sino sobre la posibilidad de que estén siendo víctimas de tráfico laboral y sexual.

“No tenemos evidencias específicas sobre el destino que corrieron cada uno de esos menores, pero partimos del hecho que el problema del tráfico sexual y laboral de menores es un hecho”, expresó ayer Albarracín.

“Vemos que este problema se está incrementando porque es una actividad lucrativa. Hay personas que se aprovechan de la pobreza de la gente y están conectados con oficinas de abogados que realizan trámites”, dijo.

De acuerdo con el estudio, una mayoría de los menores que abandonó Bolivia tiene edades entre 13 y 18 años de edad (20%).

Algunas instituciones que deberían proteger a los menores, favorecen la salida irregular de muchos de ellos, dijo Albarracín.

El informe hace un fuerte llamado a policía e instituciones del Estado a mejorar los controles.