Justicia y pueblos indígenas

 Derecho a participar en la vida nacional con respetoa su cultura

Carmenmaría Escoto, magistrada y coordinadora del Comité de Acceso de los Pueblos Indígenas

La justicia es una aspiración humana de carácter universal, que contribuye al mantenimiento de las normas de convivencia entre los integrantes del organismo social. Si queremos conservarla como valor esencial para la prudente convivencia, fortalecer la democracia y detener la creciente criminalidad, resulta primordial armonizar las políticas judiciales con un concepto de atención integral de las poblaciones más vulnerables, entre ellas, las indígenas.

La relación histórica del Estado con los descendientes de los habitantes originales del territorio ha transitado desde la negación, pasando por la asimilación, integración y coordinación, hasta llegar hoy al reconocimiento de su derecho a participar en la vida nacional con respeto a su cultura. Es importante dejar atrás interpretaciones tendentes a “exotizar” a los indígenas, presentándolos como una continuidad directa de las sociedades anteriores a la conquista europea, atrapados en el mundo mágico de su cultura, y comprender que son seres humanos con plenos derechos, iguales ante la ley y que comparten necesidades y aspiraciones de todos los habitantes.

Acceso efectivo. El Poder Judicial, con especial interés de la Presidencia, ha venido realizando esfuerzos a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia a los pueblos indígenas, como parte de una política integral de grupos en situación de vulnerabilidad, partiendo de la concepción de que “no existe ninguna razón para que no seamos capaces de vivir con respeto a las diferencias que la vida nos presenta, ya sea por el color de nuestra piel, el género, las creencias o las diferencias externas que podamos presentar. Todos los seres humanos fuimos creados iguales, con una dignidad intrínseca que deriva de nuestra esencia como seres fundamentalmente morales”.

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La Sala Constitucional, en su función de tutela de grupos minoritarios, ha fortalecido el acceso y protección legal de las poblaciones indígenas. En el área penal, la Fiscalía General creó una fiscalía especializada y la Judicatura elaboró un modelo piloto de gestión y acceso a la justicia, denominadoSesenuk bere , conformado por funcionarios judiciales de la disciplina penal juvenil en la zona Atlántica, con el apoyo de la Fiscalía Adjunta de la materia, la Defensa Pública y la Contralora de Servicios.

Sin paredes. Este plan enfatiza la prevención de conflictos y pone en práctica una concepción jurisdiccional que trasciende los límites espaciales de las salas de juicios. Se trata de una “justicia sin paredes” que visita las zonas de difícil acceso para brindar un mejor servicio a las comunidades, según se hace también en varios procesos agrarios.

Finalmente, para la próxima cumbre de Presidentes de Corte de Iberoamérica, nuestro país presentará una ambiciosa propuesta de políticas judiciales para las poblaciones vulnerabilizadas, que incluye reglas específicas de acceso a la justicia a las poblaciones indígenas, como parte de nuestras políticas sociales.

Quizás no estamos en capacidad de revertir a corto plazo siglos de desatención a los pueblos indígenas, pero, en lo atinente al Poder Judicial, se promueven cambios para brindar un buen servicio y hacer efectivo el principio de justicia a estos grupos.