Tierras de nadie…

 En diversos sectores urbanos, capos y pandillas juveniles imponen sus normas y sus condiciones

 Abolimos el ejército y clamamos por la reducción de armamentos, pero tenemos un ejército privado en defensa propia o para delinquir

Informamos, el domingo pasado, de que un joven de 23 años compartía su tiempo entre fechorías y una comparsa. Esta le servía de fachada para cometer toda clase de tropelías, aun asesinatos. Entre las víctimas de este cabecilla de la banda “La 85”, de Los Cuadros, de Goicoechea, figuran testigos de causas penales, supuestos testigos de sus crímenes y, al parecer, cualquier persona que le entorpeciese su camino delictivo.

En sus filas están enlistados unos 80 jóvenes, en su mayoría menores de edad, sus admiradores y seguidores, deseosos de ser como él y dispuestos a matar, tal como declaró el comandante de Policía, Víctor Huertas. El número de crímenes de esta banda asciende, por ahora, a una docena. Se ha denunciado, asimismo, que otra banda, denominada “El Matadero”, con 100 seguidores o militantes, controla otra zona de Goicoechea. Ambas pandillas documentan 174 delitos: consumo y tenencia de droga, agresión física, psicológica y patrimonial, asalto con violencia, resistencia, falsificación, agresión con armas y otros…

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Otras pandillas juveniles han atemorizado a otras poblaciones urbanas del país, particularmente en el Valle Central, e incurrido en parecidas modalidades delictivas. Estos hechos in crescendo han incrementado la percepción de inseguridad en la población. Esta situación de inseguridad real queda inscrita en las siguientes declaraciones del director del Organismo de Investigación Judicial(OIJ), Jorge Rojas, al referirse al problema de las pandillas en Los Cuadros. En esta zona, de 2,99 kilómetros cuadrados, habitan 29.000 personas y, en este año, se han registrado ya 12 homicidios, equivalentes a una tasa de 4,11 asesinatos por cada 10.000 habitantes. En San José y Limón, esta tasa fue de 0,8 y 1,6 homicidios en el 2006. La Policía, con una sola patrulla a su servicio, detuvo, entre enero y setiembre de este año, a 174 personas.

“Esta –expresó el funcionario citado– es tierra de nadie. Ahí ocurre toda la gama de delitos sin que haya una respuesta razonable”. Tierra de nadie significa, en este contexto, un lugar del país en el que se ha enseñoreado el miedo entre los ciudadanos, el comercio, el transporte público, los repartidores de mercancías etc., por cuanto el Estado ha perdido toda capacidad de acción.

Esta reseña de hechos delictivos y de amenazas habla en forma elocuente. La notificación más grave y angustiante reside, sin embargo, en el número de jóvenes, aun menores de edad, que forma parte de estas pandillas, que admiran al jefe y que están dispuestos a matar. En estas condiciones, no es dable hablar de “maras” en ciernes, sino de verdaderas maras, confinadas hoy a un perímetro relativamente estrecho, pero que, poco a poco, irán ampliando su radio de acción.

Esta es la realidad. Sabemos del esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno para contener o reducir estas acometidas delictivas. El problema criminal, con todo, nos desborda, siendo estas bandas el foco más peligroso.

El desafío es enorme y requiere una acción del Estado y de la sociedad civil mucho más vigorosa e imaginativa en el campo de la represión y de la prevención, un enunciado muy fácil de expresar, pero de una complejidad inusitada.

En esta agenda compleja contra la inseguridad ciudadana, puede incluirse, como lo hemos propuesto otras veces, la necesidad imperiosa de un desarme general, concomitantemente con un control estricto sobre la venta de armas. Pareciera que no rima con los hechos proponer una reducción de los armamentos en el mundo o festejar la abolición del ejército, si existe un ejército privado para la defensa personal o familiar, o para delinquir. Este asunto merece estudio.