Jorge Arguedas Mora

Numeritos en el aire

 Un debate con el presidente ejecutivo del ICE y con el jerarca del Minae

Presidente de ANTTEC

En entrevista concedida a La Nación ( 5/11/07 ), Pedro Pablo Quirós, presidente ejecutivo del ICE, hace numeritos en el aire sobre lo bien que nos puede ir en las condiciones de apertura del mercado que se darían si se aprueban los dos proyectos del ICE que forman parte de la agenda de implementación del TLC.

De entrada, debe señalarse la tasa de reserva de las ondas electromagnéticas que impone el proyecto Ley General de Telecomunicaciones (expediente Nº 16398) y que afectará sensiblemente al ICE, pues se calcula que esa tasa ronda los $700 millones que la institución deberá cancelar anualmente. La opinión de los expertos es que con esta carga simplemente el Instituto no podrá funcionar. (Véase artículo 70 del proyecto).

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El Presidente Ejecutivo pretende que los competidores encuentren un mercado “blindado”, como si el ICE fuera a conservar sus atribuciones actuales en caso de pasar ambas leyes; por ejemplo, las funciones de planificación, orientación y desarrollo le son arrebatadas en el artículo 6 del proyecto Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones (Expediente 16397), y que reducen la institución a un simple operador del servicio.

Ventaja arrancada. Don Pedro afirma, además, que cuando el anexo 13 del TLC –artículo IV.5– dice que el ICE deberá vender sus servicios a otros operadores “con tarifas basadas en el costo”, en realidad no quiere decir lo que está escrito, sino lo que don Pedro afirma, que es contemplando ganancia. Tampoco toma en cuenta que en la actualidad el ICE no paga impuesto sobre la renta y que esto repercute en tarifas más bajas para beneficio de la población. Esto, que sería una ventaja para una eventual apertura, le es arrancado en el artículo 15 de ese proyecto de ley.

Además, el ICE tendría que competir con las transnacionales, pese a las nuevas trabas que en materia de contratación administrativa le impone el artículo 19 del capítulo IV del mismo proyecto de ley.

Don Pedro se opone a los subsidios cruzados y recuerda que la Ley General de Telecomunicaciones los prohíbe. Como se sabe, en la actualidad las tarifas de teléfono residenciales están subsidiadas con los ingresos en otros rubros y se estima que, al entrar en vigor el TLC, se tendría que dar un “rebalanceo” de esas tarifas; es decir, eliminar los aportes de otros sectores rentables, lo que ocasionaría un encarecimiento automático de la tarifa residencial de ¢3.500, a más de ¢10.000.

Don Pedro se contradice pues, hablando de la posibilidad de entrar a vender un servicio fuera de nuestras fronteras, afirma: “Yo le garantizo que con eso –se refiere a los ingresos que podrían obtenerse– yo regalaría toda la solidaridad que usted quiera, y más del 9%”. La pregunta es: ¿Cómo lo haría que no sea poniendo las tarifas de los servicios por debajo de su costo real?

Con todo, lo peor es que dichos proyectos dejan al descubierto a los costarricenses que hoy disfrutamos de los principios de universalidad y solidaridad. Por ejemplo, en el artículo 2 del expediente Nº 16398, al hablar de universalidad y solidaridad, agrega la coletilla “garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran”. ¿Qué significa esto?

¿Qué es un mínimo? La penetración alcanza, hoy, el 95 % del territorio nacional, tanto en telecomunicaciones como en energía. De la misma forma, cuando habla de universalidad dice que es la prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes. ¿Qué es un mínimo? ¿Quién lo define?

En cuanto a la solidaridad, señala que es el establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas de “menores ingresos” y a grupos “con necesidades sociales especiales”. Este criterio reduce lo que hoy se entiende como tal, pues en el ICE la solidaridad abarca también a la clase media. ¿Cabe este masivo e importante segmento en el concepto asistencialista tipo IMAS del expediente 16398?

Para finalizar: ¿Quién va a definir nuevamente la gradualidad en la apertura de los servicios? ¿Quién se atrevió a definir la telefonía móvil en la forma que se define en un pie de página del anexo 13 del TLC y que mete todos los servicios en apertura?

¡En tales condiciones no hay posibilidades de sobrevivencia para el ICE! Por eso debe darse el debate público no solo sobre el futuro de las telecomunicaciones, sino también sobre la generación de energía eléctrica, que en los proyectos citados dejan al ICE únicamente como un operador más del mercado. Ese debate lo asumimos en el terreno que quieran y con quien quieran, incluyéndolo a usted, don Pedro Pablo, en su calidad de presidente Ejecutivo del ICE y creador de las leyes de apertura junto a Roberto Dobles.