J. Federico Campos C.

Videos y vigilancia policial

Abogado penalista

Recién se anunció que el Ministerio de Seguridad Pública instalará en lugares estratégicos de la ciudad de San José 3.000 cámaras de video o “policías electrónicos”, con el propósito de utilizar las grabaciones como prueba en contra de quienes delincan en la capital y deban afrontar un proceso penal.

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Por tratarse de cámaras ubicadas en espacios públicos y no en sitios privados, estos videos constituyen medios de prueba legítimos, ya que de ese modo no se violenta la intimidad de las personas; de manera que se pueden incorporar válidamente al proceso penal.

La realidad de la criminalidad vigente ha conllevado a la necesidad de sofisticar los medios de prueba con el fin de aumentar la eficiencia en las investigaciones policiales; y, además, es normal que se implementen los avances tecnológicos en todos los ámbitos de la cotidianeidad social.

Tecnología y estado totalitario. Ahora bien, el hecho de que a mi juicio dichos videos resulten válidos para un proceso penal no sosiega mi intranquilidad por el simbolismo que representa el sinnúmero de cámaras que se pretenden ubicar en sitios públicos, ya que definitivamente la cantidad proyectada conlleva una inmersión desproporcionada en la libertad del resto de los ciudadanos, de quienes no delinquimos.

Es un hecho que los avances tecnológicos nos engullen en una realidad tan plausible como aterradora, muy bien descrita por el escritor británico George Orwell en su afamado libro 1984 , publicado en 1949. Con una visión profética, dicho autor aborda la realidad de un Estado policía que ejerce vigilancia perenne sobre sus ciudadanos a través del “Gran Hermano”, cuyos ojos todo lo miran y todo lo controlan, graficándose así la esencia de un Estado totalitario.

Vigilancia sobre todos. Es importante saber que de ahora en adelante los ciudadanos que transitemos por ciertos sectores de la capital estaremos expuestos a ser vigilados por estas cámaras.

Serán grabados quienes cometan delitos, pero inevitablemente seremos vigilados todos los demás bajo el afán de determinar si es sospechosa o no nuestra actitud, con quién estamos y qué hacemos; traduciéndose ello en una clara invasión a la libertad e intimidad de todos los transeúntes.

Lo descrito es un claro ejemplo de cómo los avances tecnológicos y la lucha contra la criminalidad pueden conllevar a la pérdida de libertades ciudadanas, motivo por el cual antes de una decisión de esta magnitud resulta esencial analizar la proporcionalidad de la “medicina” y los alcances de los eventuales perjuicios que esta lleva inmersos, sin perder nunca el vértice del Estado de derecho.