PÁGINA QUINCE Alberto Salom Echeverría

Modelos de democracia y referéndum

 ¿Está obligada la Asamblea a aprobar sin chistar la agenda de implementación?

Diputado

Decía Mahatma Gandhi: “Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear”.

Quien me quiera leer, que lo haga; yo, por mi parte, leo a todos sin discriminar su punto de vista: es mi obligación.

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La ciencia política, desde hace ya bastante tiempo, estudia los sistemas democráticos modernos.

El politólogo Robert Dahl propuso ocho criterios distintivos de una democracia, los cuales son hoy bastante compartidos por la mayoría del gremio; los cito a continuación: 1) derecho al voto; 2) derecho a ser elegido; 3) derecho de los líderes políticos a competir para obtener apoyo y votos; 4) elecciones libres y justas; 5) libertad de asociación; 6) libertad de expresión; 7) fuentes alternativas de información; 8) instituciones para hacer posible que las políticas públicas dependan de los votos y otras expresiones de preferencia. (Dahl, 1971).

Estos criterios aportan bastante a cualquier demócrata convencido; pero no son maximalistas, sino básicos.

Actual circunstancia. Queda, por consiguiente, descubierta o pendiente la cuestión, álgida en la actual circunstancia política de Costa Rica, acerca de si el criterio de mayoría resuelve enteramente todas las interrogantes que están abiertas.

Los estudios politológicos documentan dos modelos básicos de democracia que comportan diferencias considerables entre sí: el modelo mayoritario de democracia y el consensual (Lijphart, 2000). Mientras el primero pone el acento en fundamentar el poder a partir de una mayoría, aunque esta sea escasa o relativa, el modelo consensual no se contenta con mayorías escasas para la toma de decisiones, sino que busca en forma permanente ampliar el tamaño de dichas mayorías.

Para Lijphart una democracia basada en mayorías puede devenir con facilidad en excluyente, competitiva y confrontativa. Mientras tanto, la que se basa en el consenso propende más a la inclusión, al pacto, al compromiso.

Nuestro sistema político se caracteriza por la rigidez para aceptar y auspiciar la formación de consensos entre mayorías y minorías. Esto se agrava cuando el liderazgo político en el ejecutivo, como es el caso, es poco dúctil para la búsqueda de acuerdos. Para el gobierno de Arias, la máxima política parece consistir en que la mayoría, aunque relativa y escasa, gana, y la minoría se calla y se somete.

Cuando había menos incertidumbre en el horizonte como en las décadas de 1960 y 1970, lo anterior no resultaba tan peligroso.

Hoy, ante cambios paradigmáticos, la rigidez en el sistema político y la inflexibilidad en la dirigencia pueden resultar catastróficas.

Búsqueda de diálogo. Ante los resultados adversos en el referéndum, el PAC acudió al diálogo al que en apariencia llamó el Gobierno, y Ottón Solís propuso las bases de una agenda social que denominó de mitigación.

El diálogo lo cerró el Gobierno tan repentinamente como lo abrió; similarmente la propuesta de Ottón Solís fue rechazada ad portas en menos de lo que canta un gallo. ¿Será que el gobierno de Arias solamente entabla una negociación con quien cree que puede arrastrar tras de sí?

Por otro lado, en amplios sectores de la sociedad civil opuesta al TLC el resultado del referéndum ha producido irritación al permitirse que en el proceso decisorio se plasmara una enorme desigualdad de recursos entre el SÍ y el NO a favor del primero, se auspiciara la participación abusiva y clientelar del ejecutivo, se consintiera la intervención de un sector de la prensa cuando ya no había posibilidad de rebatir sus tesis interesadas y distorsionadoras, y no se combatiera con la energía que el caso ameritaba la descarada compra de votos por parte de algunos empresarios.

Todo ello contraviene de manera flagrante buena parte de los criterios establecidos por Dahl para calificar los procesos democráticos; así, un referéndum que pudo haber servido para crear gobernabilidad democrática, se tornó engañoso en la práctica para muchísima gente.

Con todo, el referéndum da para convertir en ley de la República el TLC; pero no más.

La oposición no está obligada, ni tiene por qué legislar en forma atropellada e irresponsable las llamadas leyes de implementación, cuyo plazo de expiración no estaba pactado en el TLC y ahora surge como producto de una imposición que viola la autonomía parlamentaria y pisotea los derechos de los diputados de oposición. Lo anterior equivale a decir que el parlamento podría hasta rechazar un proyecto de la agenda de implementación, ¿o es su obligación aprobarlos todos sin siquiera chistar?