Ética y transparencia

 Por respeto a mis conciudadanos, aclaro evidentes atrocidades

Asesora parlamentaria

Bajo el título “Una pensión psiquiátrica”, los señores Giovanni Solís Varela y Laura Mora Solís ( Foro, 31/10/07 ) tratan de desprestigiarme aduciendo que don Ottón Solís, al no ratificar mi candidatura para la Alcaldía del cantón de Tibás en el 2002, se basó en informes sobre la procedencia de mi pensión, que por incapacidad gozaba en esos momentos.

No dicen estos señores que, a través de la sustracción de mi expediente médico de la Clínica Integrada de Tibás, se da a conocer en la Asamblea Cantonal del 2002 en el cantón de Tibás, la situación de pensionada por incapacidad que en ese momento tenía, habiendo cumplido el proceso que la Caja Costarricense de Seguro Social lleva a cabo para tal efecto. Se olvidan de las disposiciones contenidas en el Código Electoral, la Constitución Política (artículos 24 y 33), y las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 5).

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Tampoco señalan los articulistas que precisamente los documentos presentados para optar por la candidatura a la Alcaldía fueron enviados, junto con mi propuesta temática cantonal, a la Junta de Notables del PAC. Esos mismos que se utilizaron para ser “acusada” ante el Tribunal de Ética de esa organización política.

Alteraciones neuroquímicas. Acuden a la vía fácil de afirmar que no podía llevar a cabo ninguna actividad intelectual, cuestión sumamente ofensiva para cualquier ser humano que, como en mi caso, poseemos un producto de alteraciones neuroquímicas del cerebro, las cuales se tratan por medio de medicamentos. El criterio médico sostenido para que optara por una pensión por incapacidad fue que la actividad laboral que en ese momento llevaba a cabo impactaba negativamente en el trastorno mencionado. Esto, sin embargo, en ningún momento significaba que no pudiera realizar otro tipo de actividad intelectual. Fue así como trabajé fuertemente en la campaña política a efecto de ganar la Alcaldía del cantón de Tibás.

Los señores Solís y Mora omiten que fui juzgada por el Tribunal de Ética de esa organización política, tribunal que fue nombrado para tal efecto, contraviniendo el artículo 35 de la Constitución Política.

Con el fin de confundir a la opinión pública, acuden a la presunción absolutamente inaceptable de que mi enfermedad se convirtió en una circunstancia fraudulenta. Dicen que provengo del Partido Liberación Nacional, no dándose cuenta de que su propio líder proviene de esa misma organización política, a diferencia de que a él nuestro partido le dio la confianza de ser ministro y diputado. Esto sí es ético y transparente.

Sentencia penal. Tampoco se dan a la tarea de investigar la sentencia penal N° 358-2006, por medio de la cual la Caja Costarricense de Seguro Social tuvo que asumir el pago de todo el proceso penal que contra los señores Ileana Vargas González y Carlos Vargas Mora, miembros del Partido Acción Ciudadana, se presentó ante los tribunales de justicia por el uso indebido de documentación confidencial, (mi expediente médico).

Se atreven a irrespetar al Tribunal Supremo de Elecciones y su defensa de la democracia no solo en mi caso, sino permanentemente. Para ellos es más fácil acudir a denigrar mi nombre que aclarar los procedimientos inquisitorios que se llevaron a cabo en mi caso.

¿Dónde se encuentra la ética y la transparencia de una organización política que no reconoce las elecciones cantonales ni nacionales?

Ya sufrí, como también lo hizo mi familia, las aberraciones de su parte. Por respeto a mis conciudadanos, me doy a la tarea de aclarar tales atrocidades.

Ya basta…