Jueces valientes e independientes

 El juez está llamado solamente a dictar fallos apegados a la ética jurisdiccional

Juez Penal de Puntarenas

Soplan vientos represivos en nuestra realidad nacional. Ante la descomposición social nacida por años de olvido de la pobreza y la educación real de valores, surgen como plagas delincuencias cada vez más poderosas, organizadas y especializadas. Ejemplo de esta nueva realidad, que destiñe la imagen de tranquilidad de nuestro país, lo constituye el narcotráfico que, lejos de disminuir con las altas penas que impuso una ley, ha ido creciendo con otros flagelos como el sicariato y la legitimación de capitales.

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La respuesta política más sencilla es el llamado a la represión penal y la flexibilización de las garantías a través de un proceso penal que olvide temas como el principio de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva. La labor de los jueces y juezas del área penal no se limita a una labor matemática que, ante la suma de la detención de un sospechoso de narcotráfico más el juicio de probabilidad de la comisión del hecho, dé como resultado la prisión preventiva.

Requisito ineludible. Existe además la necesaria configuración al menos de un peligro procesal (entre los de fuga, reiteración delictiva y obstaculización de la justicia) para poder dictar la prisión en esos casos, así como el requisito ineludible de valorar la razonabilidad y necesidad de la medida cautelar tan gravosa como el encierro cautelar.

Hoy, el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, vilipendia la labor de los jueces y juezas del área penal, y hace creer erróneamente a la población que la prisión preventiva es la única medida que puede dictarse en caso de narcotráfico y que su no imposición pone en jaque la lucha contra ese flagelo. Los ataques por medio de la prensa han sido constantes mientras la Judicatura mantiene un silencio profundo que permite la deslegitimación de su fuero.

No se trata acá de contestar con igual retórica falaz las palabras del Ministro, sino de hacer una defensa valiente al trabajo que realizan los jueces y las juezas del área penal y que se ve socavado con los comentarios que buscan su debilitamiento. La Judicatura está llamada a controlar la labor policial y fiscal de persecución penal, y su ética no se mide por las prisiones que dicte, sino por su apego total a la legalidad, por encima de cualquier presión política y social.

Todas las garantías. Nuestra población debe entender que todo proceso penal debe contar con todas y cada una de las garantías establecidas, las cuales no son dirigidas únicamente a los delincuentes, sino a todos y cada uno de los habitantes de este Estado democrático de derecho, aun cuando nunca hayamos pasado por él como acusados. El día en que un habitante es juzgado, máxime siendo inocente, clama por todas esas garantías procesales que los jueces y juezas nos empecinamos en proteger día con día. El narcotráfico tiene las mismas garantías que los demás delitos, rigiéndose por el mismo proceso penal, sin que existan limitaciones a derechos fundamentales por el solo hecho de ser investigado por esa causa, aun y cuando la aplicación de esas garantías exijan la liberación de un sospechoso de esas delincuencias.

Recuerdo las palabras de mi profesor de Derecho Penal General cuando me indicaba que el juez no podía detenerse a escuchar la gradería del pueblo en espera de una decisión, sino que solo estaba llamado a dictar los fallos apegado a la ética jurisdiccional. Hoy recuerdo esas palabras, e invito a los jueces y juezas del área penal a seguir tomando las decisiones con valentía, ética, transparencia e independencia, en estricta conformidad con las leyes, aun y cuando soplen vientos de represión.