Irresponsabilidad social

 Una comunidad indefensa con la Defensoría y la Municipalidad de Alajuela

Administrador de empresas

En el primer trimestre de este año, se inició la construcción del proyecto Parque Industrial El Coyol, en las cercanías de Riteve en Alajuela. Poco tiempo después, los vecinos de la comunidad Lagos del Coyol, en La Garita de Alajuela, vimos cómo la carretera que da acceso a nuestros hogares, como todas las del país, llena de parches, pero al menos transitable, se deterioraba aún más y drásticamente, producto de la circulación descontrolada de vagonetas cargadas de material que estaban extrayendo del proyecto en mención.

Con más de 130 firmas, presentamos un reclamo formal ante la Inspección Municipal de Alajuela, confiados en que esta entidad iba a lograr al menos que la empresa responsable de la construcción tomara medidas para que la comunidad no se viera tan afectada, al tener lo que hoy ya definimos como camino, por la cantidad de huecos, pozos, desniveles, etc., que se han hecho a raíz del paso constante de los equipos pesados cargados de tierra y piedras.

Peligroso camino. Las lluvias que azotaron al país recientemente contribuyeron aún más a que vehículos livianos casi no pudieran circular; pero, lo más grave, niños y ancianos, personas en general, tienen que caminar sorteando lagunas, huecos y barro.

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Para todos ha resultado más frustrante el hecho que acudimos a la Defensoría de los Habitantes y presentamos copia de la documentación que habíamos entregado a la Municipalidad de Alajuela. Nos contestaron que la denuncia había sido admitida, haciéndonos ver la nota que habían enviado a la alcaldesa de Alajuela, Joyce Zürcher, solicitándole, con fecha 17 de agosto del 2007, que en 5 días hábiles tenía que aclarar mediante un informe qué estaba sucediendo acá; pero, al 25 de octubre, nada ha sucedido: ni la Municipalidad se presenta ni la Defensoría de los Habitantes nos contesta.

Nadie hace nada. Las cuatro entidades que ahora tienen conocimiento de este atropello a una comunidad –el inversionista, el desarrollador del proyecto cuyo nombre es MECO, la Municipalidad de Alajuela y la Defensoría de los Habitantes– brillan por su ausencia a una solución que debió haberse dado hace muchos días atrás, pero, sobre todo, se debió haber previsto que esto podía suceder. La responsabilidad social brilló por su ausencia.

Los que hemos conversado entre vecinos es que una Municipalidad debería incluir dentro de sus permisos de construcción no solo evaluaciones de orden técnico constructivo sino también evaluaciones del impacto social que tendrían los proyectos, sobre todo si son de las dimensiones del que nos ocupa. Ahora tenemos el derecho de percibir que la Municipalidad de Alajuela es incapaz de hacer más allá de lo mínimo necesario, pero agrego también que ahora resulta que la Defensoría de los Habitantes ni siquiera puede cumplir con la razón de ser: defender a los habitantes, aunque se trate de una comunidad pequeña, que tenía una carretera de acceso “buena”, pero que ahora se ha convertido en un camino lleno de peligros para niños y personas en general.