Justicia antiterrorista

 El fallo por la masacre del M-11 señala un camino en la lucha contra el terrorismo

 Su gran vacío es la imposibilidad de identificar a los autores intelectuales

Los españoles y, en especial, su sistema de justicia, tienen razón para sentirse orgullosos de haber llevado a término el más importante juicio contra el terrorismo musulmán en el mundo. Las condenas anunciadas el miércoles en Madrid por el juez Javier Gómez Bermúdez demuestran que sí es posible, en el marco del respeto al debido proceso y las garantías individuales que otorga el sistema democrático, luchar contra ese terrible flagelo, algo de lo que también debemos felicitarnos quienes nos oponemos férreamente al terrorismo porque, precisamente, creemos en la democracia, sus valores y sus procesos.

El resultado del juicio, sin embargo, también pone de manifiesto lo mucho que aún se debe avanzar en la investigación de los atentados y masacres, de modo que, al llegar los casos a los tribunales, no queden expuestos graves vacíos en la aplicación de la justicia. En este caso, la gran interrogante que queda abierta es quiénes fueron los autores intelectuales de los atentados del 11 de marzo del 2004, que cobraron la vida de 191 personas y produjeron heridas a 1.800.

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La fiscalía española había denunciado a 29 presuntos militantes por su participación en los hechos Las sentencias aplicadas fueron en extremo severas en unos casos y más moderadas en otros, como corresponde a un examen riguroso de las pruebas. Sin embargo, ninguno de los acusados fue condenado por la concepción y planeamiento de los atentados. De los tres presuntos autores intelectuales, dos recibieron penas de 12 y 15 años, respectivamente, pero por otro cargo: pertenencia a banda armada. El tercero, Rabei Osman Sayer, conocido como Osman el Egipcio, y quien guarda prisión en Italia por cargos de terrorismo, fue absuelto por falta de pruebas. La decisión, tanto sobre estos tres casos, como sobre las penas supuestamnte “leves” impuestas a los demás, ha generado enorme indignación entre los familiares de las víctimas, que han decidido apelar las sentencias. Esto es totalmente lógico, y se enmarca, precisamente, dentro de las garantías jurídicas democráticas.

Lo que sí preocupa seriamente son dos cosas. Una es que el tribunal haya llegado a la conclusión, a partir de los resultados de las 95.000 páginas de la sumaria, de que no existía evidencia suficiente para identificar a los autores intelectuales, lo cual implica impunidad en el aspecto más relevante y señala una enorme debilidad en todo el proceso. La otra es que, a partir de este hecho, de nuevo el tema del terrorismo, que debería afrontarse desde una óptica de unidad nacional, haya caído en la centrífuga de la extrema politización que afecta a la sociedad española, con los representantes del opositor Partido Popular (PP), de centroderecha, levantando la bandera de la disconformidad, y el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebrando, mediante el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se haya fijado “la verdad de los hechos”.

En el trasfondo de esta pugna aún palpita la casi certeza de que, por haber insistido prematuramente en atribuir los atentados a la banda terrorista vasca ETA, algo que de inmediato se desmoronó, el gobierno de José María Aznar (del PP) convirtió lo que parecía una victoria segura de su partido en las elecciones generales de aquel mes en un triunfo del PSOE. Desde entonces, ambas agrupaciones democráticas se han enfrascado en una lucha sin cuartel, en la que la política antiterrorista de Estado se ha visto afectada. El hecho de que la sentencia aclarara con contundencia que ETA no participó en el atentado, al menos permitirá despejar este foco de discordia.

Con todo lo que aún queda en la penumbra, a pesar de la justificada disconformidad de los familiares, o del debate político inevitable, el balance debe ser visto con más satisfacción que inquietud. Porque, con los matices que siempre existen en la democracia, ha demostrado que, para combatir el terrorismo, no es necesario conculcar derechos, sino encontrar un buen balance entre ellos, la investigación policial y la acción judicial.