27 víctimas de tragedia en Monteverde

Fallo obliga a Banco Nacional y firma a indemnizar por muertes

 Sala Tercera anula parcialmente la sentencia de Tribunal de Puntarenas

 Magistrados confirmaron condena de 210 años a Erlyn Hurtado

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia obligó al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y a la empresa Seguridad Delta a indemnizar a las 27 víctimas por la masacre que ocurrió en el 2005 en Santa Elena, distrito de Monteverde, Puntarenas.

La resolución la adoptaron ayer los magistrados en el voto 1333, según reseña en la página en Internet del Poder Judicial.

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Con esa decisión se anuló parcialmente la sentencia del Tribunal de Juicio de Puntarenas, que había exonerado, en primera instancia, al banco y la empresa a pagar reparación a los afectados.

Los magistrados también ratificaron la sentencia de 210 años de prisión para Erlyn Hurtado Martínez, por 23 delitos, perpetrados entre el 8 y el 9 de marzo del 2005, cuando junto con dos hermanos, intentaron asaltar la oficina del Banco Nacional en Santa Elena, Monteverde. En el suceso hubo nueve muertos.

Definitivo. En criterio de la Sala Tercera, tanto el banco como la empresa de seguridad –con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y la Defensa Efectiva del Consumidor– son responsables del “pago de los daños y perjuicios debidamente determinados en la sentencia a favor de los actores civiles debidamente legitimados”.

El mencionado artículo establece que “el productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio”.

El abogado José Aquiles Mata Porras, quien representó a la empresa Seguridad Delta en el debate, dijo que oportunamente se referirán al asunto. Consideró que el tema es novedoso y debe esperarse el razonamiento completo de los magistrados para emitir un criterio.

Reacción. Mientras, para William Guido Madriz, abogado que representó a familiares de nueve de los afectados, dijo que “se hizo justicia”, al tiempo que agregó que los afectados por la matanza serán los beneficiados.

Agregó el abogado que cuando se dictó la sentencia, en noviembre del 2006, sintió que las víctimas (familiares de los fallecidos y personas que resultaron heridas) salieron decepcionadas de los tribunales de Puntarenas.

Aunque ayer no fue posible conocer a cuánto asciende el monto exacto que deben pagar el Banco Nacional y Seguridad Delta, se determinó que al inicio del debate las pretensiones ascendían a cerca de los ¢1.800 millones.

Empero, durante el trascurso del debate los representantes legales fueron depurando las cifras, por lo que el reclamo fue menor al concluir el debate.

Como la acción civil fue rechazada, el tribunal no cuantificó en la sentencia cuánto correspondía por cada víctima.