Aunque la mona se vista de seda…

 No se puede legislar a espaldas de la idiosincrasia costarricense

Abogada

Decían los clásicos que “malos tiempos corren cuando hay que explicar lo evidente”. Sin embargo, inducida por los tiempos que vivimos, me resulta necesario explicar que ¡la familia sí importa!

Nuestra Constitución Política dice que la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado y que el matrimonio es la base esencial de la familia.

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Ahora bien, la Sala Constitucional ha dicho que no existe la menor duda de que el constituyente originario (es decir los diputados que aprobaron nuestra Constitución), optó por un matrimonio heterosexual monogámico, lo cual se desprende claramente de las actas respectivas.

Considerando que el Estado costarricense tiene la obligación constitucional de proteger a la familia y el matrimonio, no se explica una cómo es posible que existan legisladores que propongan un proyecto de ley para dar a las parejas homosexuales exactamente los mismos derechos y deberes de las personas que han contraído matrimonio. Esto no es ni proteger a la familia ni proteger al matrimonio.

La familia sí importa. No se puede legislar a espaldas de la idiosincrasia costarricense. Señores diputados: Tienen una gran responsabilidad hacia las próximas generaciones. Nuestros hijos y nietos tienen derecho a recibir una sociedad íntegra, como la recibimos nosotros de nuestros abuelos y padres: una Costa Rica que estableció límites para proteger la institucionalidad de la familia, entendida ésta como la unión de varón y mujer, y su prole.

Llamar “uniones civiles” a un proyecto de ley que pretende dar a las parejas homosexuales exactamente los mismos derechos de un matrimonio heterosexual es un fraude: ¡Un fraude a la Constitución Política!

Y, como dice el adagio popular, “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. Aunque el proyecto se llame “uniones civiles”, si se les da precisamente los mismos derechos que a las uniones matrimoniales, es evidente que el proyecto de ley se aparta del espíritu del constituyente e implica un fraude a su voluntad.