PÁGINA QUINCE Thelmo Vargas

Dictadura blanda

Economista

Desde hace años, el país vive enfrascado en una lucha de poder ideológico-partidista que ató de manos a los gobernantes, al tiempo que problemas nacionales, para cuya solución se creó la figura del Estado, han continuado acumulándose. En este escrito me referiré a dos de ellos y plantearé posibles soluciones que, como sociedad que busca lo mejor para sus miembros, conviene adoptar.

Congestión de tránsito. El transporte terrestre en el país colapsó. En mis días de colegial, viajar en autobús de Moravia (donde vivía) a Santa Ana (donde vivían tías y tíos) tomaba cerca de una hora. Hoy, después de supuestos progresos en la materia, ese viaje dura lo mismo, aunque sea en un Hummer H3. Antes era placentero y seguro, hoy es estresante e inseguro.

En los últimos 40 años, la cantidad de vehículos en el país creció enormemente y superó la capacidad de acción de los Gobiernos.

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Las presas de vehículos (cuyos costos han de medirse por el gasto de combustible y repuestos, así como por las pérdidas de tiempo y ánimo de la gente y la contaminación) son tan grandes, que el MOPT decidió no cobrar peajes durante las horas pico, que es cuando más ingreso podrían aportar al fisco. En vez de duplicar las estaciones de cobro para –sin demorar el tráfico– cobrar bien, optó por no cobrar.

Parte del embotellamiento se debe a la enorme cantidad de intersecciones, incluso en las autopistas, y de conductores que irrespetan las señales de “no estacionar” y la doble raya amarilla al centro, que pide no cruzar. Como solución a esto propongo que se adopten las siguientes medidas de dictadura blanda: todas las calles de 4 o más vías del país tendrán, al centro, una llamativa división de cemento de medio metro de altura. La división será ininterrumpida por distancias de al menos un kilómetro. Ahí habrá carriles debidamente diseñados y semáforos “inteligentes” para ordenadamente permitir regresos (vuelta en U) y el cruce de vehículos.

Se indicarán, en todas las ciudades que presenten problemas de congestionamiento, las calles donde no se permitirá estacionar de 6 a. m. a las 6 p. m. Esta medida administrativa contribuirá a la descongestión, sin que el Estado deba invertir en la construcción de calles. Habrá oficiales de Tránsito que se desplazarán intermitentemente en motocicleta para verificar que eso se acate, y harán los partes que correspondan a quienes impongan su interés inmediato a los que sí respetan la normativa. Las multas pagarán con creces sus sueldos, cargas sociales, uniformes, así como el combustible y la depreciación de los vehículos. Y, cuando la gente, sintiendo el efecto en su bolsillo, aprenda a respetar la ley, podrán algunos oficiales ser trasladados a otros menesteres.

En las ciudades de alto tráfico (por ejemplo, San José) se concesionará la construcción, mantenimiento y vigilancia de vías periféricas eficientes, con pasos a desnivel, donde técnicamente procedan, y seguros (por ejemplo, sin chapulines que quiebren vidrios de los carros a vista y paciencia de todos). El concesionario no cobrará al usuario por el servicio porque eso impondría innecesarios costos sociales, sino que se financiará con un cargo anual en los recibos del marchamo, según la provincia donde vivan los dueños de vehículos.

El mal servicio de los concesionarios será, conforme al contrato, multado y lo que se obtenga no irá a la “caja única” del Estado, sino que se dedicará a mejorar la obra o el servicio donde se dieron. Si los ciudadanos sufrieron con el mal servicio, ellos mismos se han de favorecer por las multas.

Contaminación del aire. Un tránsito más fluido que el actual, producto de las medidas de dictadura blanda propuestas, implicará menores costos de desplazamiento. Entre otros, habrá menor gasto en petróleo y derivados. Hoy, una parte importante del alto gasto en estos obedece a que en el país hay una enorme cantidad de vehículos viejos, cuyos motores no queman bien el combustible y contaminan; circulan porque los impuestos son relativamente bajos.

Por ello, propongo otra serie de medidas de dictadura blanda: (a) rebajar e igualar los impuestos para todos los vehículos de una misma categoría (por ejemplo, pick-up , sedán), a fin de desestimular la importación de basura vehicular; (b) prohibir la importación de vehículos de más de 8 años de edad; y, por último, (c) retirar de la circulación los de más de 15 años. El Estado, por medio del MOPT y con fondos del presupuesto nacional, los comprará (pago contra entrega) y los venderá como material de reciclaje. Esto ayudará a sus propietarios a adquirir otros más nuevos, menos contaminante. (Si a la sociedad realmente le preocupa la contaminación del aire, debe estar dispuesta a poner plata donde pone la boca). La Contraloría General de la República velará por que operen controles adecuados.

Con las medidas propuestas, en un plazo razonable se comenzará a observar una reducción significativa en el consumo (medido en barriles) de petróleo y derivados. La variable a observar, y a comparar con el año base, será: “consumo/producto interno bruto”. Con ellas, el índice de felicidad nacional (cuya medida no tengo tan clara) habrá de aumentar.