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Contra la libertad de expresión Eddie A. Ramírez S. La libertad de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, pero, desde que el teniente coronel Hugo Chávez está en el poder en Venezuela, ha sido sometida a restricciones inaceptables para los demócratas. Según el periodista Alberto Jordán, en los siete años de gobierno se han registrado unas mil agresiones físicas a periodistas y camarógrafos considerados no afectos al Gobierno. Otro tipo de amedrentamiento ha consistido en acusaciones judiciales por parte de fiscales que obedecen órdenes de la Presidencia de la República. Además, los medios considerados de oposición son presionados indebidamente, no se les proporciona propaganda o avisos oficiales y a sus periodistas no se les permite acceso a actividades gubernamentales. Aunque esta situación es muy grave, el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal de mayor cobertura nacional con 53 años en el aire, es lo más preocupante desde el punto de vista de los atropellos a la libertad de expresión. Sin ningún procedimiento judicial ni sanción administrativa firme, solo con un decreto presidencial, valiéndose de que el espectro radioeléctrico pertenece al Estado, este 28 de mayo se limitó aún más el derecho de los venezolanos a estar informados. Sesgo e incitación. Actualmente, el Estado, mejor dicho el Gobierno, dispone directa o indirectamente de un 80% de los medios de comunicación social. En cuanto a canales de televisión, cuenta con Venezolana de Televisión, ANTV, CMT, VIVE TV y Telesur. Venevisión y Televen decidieron autocensurarse. Al cerrar RCTV, solo queda Globovisión como canal no controlado por el Gobierno, pero con cobertura limitada por cable. Cualquiera que haya visto, escuchado o leído los medios oficialistas habrá comprobado no solo el descarado sesgo informativo, sino la incitación al odio y la calumnia a quienes critican al Gobierno. Al respecto, Noam Chomsky, admirado por el militar venezolano, sostiene que “si no creemos en el derecho a la libertad de expresión de quienes disienten de nosotros, entonces no creemos en ella”. Grosera reacción. En el caso de RCTV, legalmente, la concesión vencía en el 2022 y son evidentes los ataques que sufrieron sus comunicadores sociales y sus instalaciones. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA aprobó un amparo de protección a sus periodistas, amparo que hizo reaccionar groseramente en contra de esta Comisión al teniente coronel, con expresiones en público que, por respeto al culto pueblo tico, no transcribimos. La medida de cierre de RCTV es claramente de índole política, lo que quedó en evidencia con declaraciones oficiales de “instalar un sistema de hegemonía comunicacional e informativa del Estado”. Lo aquí reseñado, así como las numerosas y documentadas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen militarista de Chávez, es un problema que tenemos que resolver los venezolanos. Sin embargo, como está escrito en el Talmud, “quien tiene la posibilidad de protestar ante una acción mala y no lo hace, se convierte en un cómplice de la misma”. Por lo demás, es nuestro deber alertar que Chávez tiene un proyecto internacional y que para llevarlo a cabo está utilizando generosamente la petrochequera que tiene a su disposición sin ningún control.
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