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Gobierno denunciado por el monto que destina a educación Contralora dice que enseñanza pública recibe menos del 6% del PIBHacienda asegura que los fondos para el INA completan orden constitucional Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com La Contraloría General de la República denunció ante la Sala IV que el presupuesto del Gobierno incumple el mandato constitucional de destinar el 6% del PIB a la educación pública. De acuerdo con la Contraloría, el monto otorgado este año a la enseñanza estatal solo alcanza un 5,6% del producto interno bruto (PIB).
El dinero asignado a ese sector es de ¢678.608 millones, de acuerdo con el presupuesto que aparece en la página electrónica de la Asamblea Legislativa. La Contraloría estima que en ese presupuesto faltan unos ¢40.800 millones para alcanzar el porcentaje establecido por la Constitución Política. Así lo indicó la contralora Rocío Aguilar en una acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 26 de abril. Con ese aparente faltante, se podría costear gran parte de las aulas, baños y laboratorios de informática que necesitan los centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP). Sin embargo, Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda, aseguró ayer que el Gobierno sí gira el equivalente al 6% del PIB pues el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) invierte otros ¢39.785 millones en la enseñanza estatal. El presupuesto del INA es el punto de discordia entre la Administración y la Contraloría, debido a que esta sostiene que el INA no se debe tomar en cuenta a la hora de calcular el monto destinado a la educación. La Contraloría dijo que en el 2005 y el 2006 tampoco se cumplió el mandato constitucional, y que el año pasado se destinó un 5,2%. INA: ¿sí o no? La obligación de destinar al menos un 6% del PIB para la educación pública fue introducida por el Congreso en la Constitución Política en julio de 1997. Según argumentó la Contralora, la intención de los legisladores era cubrir con ese porcentaje el sistema educativo conformado por los niveles de preescolar, general básico, diversificado y superior. Aguilar afirmó que así consta en el expediente seguido por los diputados para aprobar la reforma. La funcionaria comentó que el INA, dedicado a la capacitación y formación profesional, no es una institución de educación superior y cuenta con ingresos provenientes de aportes obligatorios de patronos e instituciones del Estado. “No debe contemplarse el presupuesto del INA, pues ello iría en detrimento del desarrollo progresivo del derecho fundamental a la educación”, escribió Aguilar. Pero el ministro Guillermo Zúñiga argumentó: “Hasta donde yo sé, el gasto del INA es gasto público y se dedica a la actividad del sistema educativo nacional. Son gastos públicos dedicados a la educación. No veo cómo no entienden que es educación”. Hacienda ya recibió una notificación de la Sala IV para referirse a la acción de inconstitucionalidad, confirmó Zúñiga. El Ministro agregó que durante este año se invertirán otros ¢20.000 millones en educación, financiados en su mayoría por un préstamo internacional. Leonardo Garnier, ministro de Educación, también consideró ayer que la labor del INA es educativa. “No entiendo el argumento”, dijo en referencia al alegato de la Contraloría General. Por otra parte, la memoria anual de la Contraloría señala que el INA tiene un superávit acumulado de ¢38.000 millones, casi equivalente a su presupuesto anual.
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