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Precedente ejemplar Víctor Hugo Murillo S. vhmurillo@nacion.com El 15 de mayo, el juez penal de Osa, Manuel Sanabria, condenó a un empresario a invertir ¢50 millones para reparar daños causados al bosque en Ojochal Arriba, en Bahía Ballena. La sentencia, que ojalá adquiera carácter de firmeza, sienta un importante precedente en relación con los intereses particulares de quienes se mueven en el mundo del negocio de los bienes raíces y la salvaguarda del derecho a “... a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” (art. 50 de la Constitución). En este caso, la denuncia oportuna del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) y el seguimiento que, durante tres años, dará a la ejecución de los compromisos contraídos por el infractor para paliar el golpe ecológico, representan tanto una esperanza como una voz de alerta. Una esperanza por cuanto el Estado actuó ahora con firmeza y el fallo demuestra que la legislación no es mero papel mojado. A la vez, la destrucción en la finca Punta Ibérica S. A. constituye un aldabonazo para que las autoridades –municipales, ambientales y otras– estén atentas sobre los proyectos que, en nombre del desarrollo inmobiliario y la promoción del turismo, amenazan con despedazar el activo más importante que el país ha explotado para promocionarse en el extranjero: la biodiversidad y el respeto a la ecología. Se han presentado denuncias sobre posibles irregularidades en movimientos de tierra en la Fila Costeña, en el Pacífico central, que podrían afectar gravemente el ambiente y la belleza natural de la zona. En las páginas de este diario, turistas europeos ya nos han advertido sobre la tentación de convertir nuestras costas en selvas de cemento cual réplicas de las que ellos han visto emerger en el Viejo Continente. De ninguna manera se trata de plantear una oposición cerrada a la creación de infraestructura para acoger adecuadamente a quienes buscan en las costas, las montañas u otros parajes un lugar para vivir o ir de visita. Lo que resulta trágico es que un malentendido concepto de “progreso” acabe matando el verdor y la riqueza natural que mueve a millares de extranjeros a desplazarse hasta aquí. También están en juego el futuro del agua, de gran cantidad de especies... de la vida. Muy bien por el pronunciamiento del juez Sanabria. Hay tiempo para frenar los abusos y cobrarles a los responsables.
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