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¿Qué es lo fundamental? No sería deseable ni aconsejable que al TLC se le diera cristiana sepulturaAlberto Salom E. Diputado Para Ghandi: “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”. Para bien de esta sociedad, tanto la discusión como la tramitación del Tratado de Libre Comercio (TLC) debe tener un buen final. En este sentido, no sería deseable ni aconsejable que al Tratado se le diera cristiana sepultura mediante el expediente de dejarlo prescribir en la Asamblea Legislativa. Tampoco sería sensato tramitarlo como se venía haciendo antes de la anunciada convocatoria al referéndum (y todavía algunos lo pretenden), a golpe de tambor; lo que quiere decir aplicarle en el Congreso la vía rápida (41 bis). El razonamiento anterior tiene como presupuesto la siguiente premisa: El TLC provocó una polarización sin par de la sociedad costarricense, cuyo desenlace hacía prever un choque o confrontación social del que no se podía descartar inclusive la violencia. No la invoco, simplemente la constato como una posibilidad cierta e indeseable. La vía más segura. La convocatoria al referéndum para que el pueblo soberano decida la suerte del TLC, por más vacíos jurídicos que presente, por más desinformación que pueda existir en la ciudadanía, es probablemente la vía más segura para soslayar una fractura social dolorosa e inusitada. No obstante, como esta experiencia es prácticamente inédita, conviene actuar con prudencia a fin de potenciar una salida pacífica de la situación en que nos hallamos. En este sentido, nadie debería pretender derivar ventajas respecto del oponente, como no sean las que emanen de la propia discusión política que está implícita en el mismo proceso del referéndum. Al tenor de lo dicho, es esencial detener ya la tramitación del TLC en la Asamblea Legislativa, pues permitir que el Tratado continúe su curso allí, a sabiendas de que el referéndum ha sido convocado con fecha cierta, es propiciar situaciones ambiguas como, por ejemplo, que la Asamblea en 22 sesiones (si se aplicara el 41 bis) dejara aprobado –o rechazado– el TLC, mientras el pueblo soberano, y, por tanto, superior a la Asamblea, se apresta a tomar una decisión histórica. Esto podría ser visto por algunos insensatos como una gran jugada política, pero sería muy grave y de imprevisibles consecuencias políticas y sociales. Moral y ético. La tramitación del TLC en la Asamblea Legislativa se puede detener con solo que el oficialismo desista de la aplicación de la vía rápida y esperar la convocatoria oficial por parte del TSE al referéndum. Esto sería un imperativo moral y ético para el líder del Poder Ejecutivo si es que de verdad se está pensando en otorgarle al soberano la potestad de decisión. Igualmente importante e imperiosa deviene la resolución de las eventuales inconstitucionalidades del TLC por parte de la Sala IV, antes de que el pueblo tome su decisión. Este no es un asunto menor y, por consiguiente, no debería ser menospreciado por los tomadores de decisiones ya que, si la Asamblea Legislativa, que es un poder derivado del soberano, cuenta con ese derecho (consulta preceptiva y facultativa después del primer debate), con mayor razón lo tiene el pueblo antes de tomar su decisión. Los vacíos de la ley en esta materia deben ser subsanados mediante una correcta interpretación e integración del derecho. Derecho a la información. El dinero, léase bien esto, no debería convertirse en un factor que pese en la decisión que la gente vaya a tomar. Las lagunas de información que existan en sectores de la ciudadanía no tienen por qué ser llenadas mediante propaganda machacona y cara (tipo marketing) , pues aquí lo que precisa es INFORMACIÓN –con mayúsculas–. La gente tiene derecho a ser informada, no engañada mediante propaganda. En este sentido, no basta con que el TSE limite la propaganda gubernamental, sino que debería amarrarse los pantalones y las enaguas, frente a los particulares ya que aquí podríamos estar ante una de las desigualdades más reales que le brindarían a los grupos de poder económico, que hoy predominantemente se encuentran de un solo lado, un privilegio inmenso que podría falsear la elección del soberano. El TSE se ha pronunciado porque se prepare un resumen del TLC, al cual la gente pueda tener acceso. Principio de justicia: que ambas partes en pugna acrediten el resumen. ¿Es todo esto mucho pedir pensando en la salud de la República, en la paz social?
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