Evo Morales
(AFP)
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LA PAZ (AFP) -
La orden de detención de cuatro ministros del Tribunal Constitucional (TC) emitida el martes por un comité del Congreso aumentó la tensión de poderes en Bolivia, mientras los afectados -a quienes el presidente Evo Morales había pedido enjuiciar- denunciaron un "atropello".
El presidente del Comité de Policía Judicial de la Cámara de Diputados, Oscar Martínez, militante del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció la emisión de "mandamientos de aprehensión" contra los magistrados Walter Raña, Artemio Arias, Elizabeth Iñiguez y Martha Rojas.
Martínez manifestó que el Comité que dirige "hará cumplir la ley para que los cuatro jueces encausados se presenten a declarar".
Estos cuatro magistrados debían presentarse a declarar a comienzo de mayo luego de cesar en sus cargos a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que habían sido nombrados por decreto presidencial, decisión que provocó el malestar de Morales.
En su fallo los magistrados del TC señalaron que esas nominaciones presidenciales tenían carácter interino pues la elección es sólo potestad del Parlamento.
Morales presentó entonces ante el Congreso una proposición acusatoria para iniciar un juicio de responsabilidades a los cuatro tribunos con el argumento de que prevaricaron. También acusó a la Justicia boliviana de ser la institución más corrupta del país.
Los cuatro miembros del Tribunal, en un comunicado público leído por la ministra Iñiguez, calificaron este martes como un "atropello" la orden de detención emitido por el Comité del Congreso y argumentaron que los diputados no tienen la atribución legal para ordenar sus detenciones.
Para Iñiguez, la orden de detención -aún no cumplida por autoridades judiciales y/o policiales- "es una prueba de que el proceso iniciado en contra de los magistrados busca dejar al país sin el control constitucional que exige la democracia".
"Somos víctimas de una persecución ilegal del partido en función de gobierno (MAS)", afirmó Íñiguez, acompañada en su declaración de prensa por sus tres colegas, quienes de todos modos comparecerán ante el Congreso.
El conflicto entre el Ejecutivo y el poder Judicial, al que ahora se sumó el Congreso, motivó que el ex presidente boliviano Jorge Quiroga califique la orden de detención como "un golpe judicial y un golpe a la democracia".
Según el ex mandatario, líder de la principal fuerza política de oposición, un comité del poder Legislativo no tiene la facultad para ordenar la detención de ministros del TC.
El conflicto político caminaba a la par de las dificultades entre oficialistas y opositores para concensuar la designación de cuatro ministros de la CSJ que reemplacen a los interinos que el TC cesó de sus cargos.
El vicepresidente Alvaro García convocó para la tarde del martes a una sesión del Parlamento bicameral para elegir a los nuevos ministros, aunque aún no se visualizaba un entendimiento entre los parlamentarios.
Según la Ley, el Congreso debe elegir por 105 de sus 157 miembros a los ministros de la justicia, mientras el oficialismo sólo cuenta con 84 votos, frente a los 73 de la oposición.
La crisis entre los poderes motivó una reunión el fin de semana entre el gobierno de Morales y los seis gobernadores opositores (sobre nueve en total), convocada en la central Cochabamba.
La cita terminó abruptamente y sin acuerdos en una situación calificada por los gobernadores opositores de "fracaso absoluto, por la posición cerrada del Gobierno", que a su turno acusó a estas autoridades de ponerse del lado de la corrupción y la injusticia.
El prefecto de La Paz, José Luis Paredes, en una entrevista con la AFP opinó el domingo que Morales tiene una estrategia para concentrar todo el poder para sí, al estilo de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, que "gobierna por decretos y tiene al Tribunal Constitucional a sus órdenes.
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