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Walter Quesada, de la filial de la ANEP, y Marco Zúñiga, de Uneida, afirmaron que los empleados y la entidad están indefensos.
Carlos León
Lento avance de reestructuración

Gobierno y sindicatos se enfrentan por reformas al IDA

Denuncian “contubernio” con la Contraloría para cerrar la institución
Presidente ejecutivo pide seriedad y llama a “lucirse” con cambios

Marvin Barquero S.
mbarquero@nacion.com

Los cuatro sindicatos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) se enfrentan al Gobierno por la forma como se lleva el proceso de reestructuración de la entidad.

Según los sindicatos, hay un supuesto “contubernio” entre el Gobierno y la Contraloría General de la República para desprestigiar a la entidad y sus trabajadores. En un informe del 15 de marzo pasado, la Contraloría ordenó el cierre del IDA por las sucesivas irregularidades en la compra y adjudicación de tierras.

El Gobierno optó por una reestructuración en lugar del cierre.

Los sindicalistas enviaron una respuesta punto por punto al informe y recusaron a la contralora, María del Rocío Aguilar. Dijeron que se hizo con apoyo de la anterior junta directiva.

“Curiosamente esos directivos fueron separados pocos días después y, curiosamente, el actual presidente ejecutivo (Alberto José Amador) y los directivos nuevos retiraron el documento de la Contraloría”, denunció Wálter Quesada, de la filial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep).

Junto con representantes de la Unión Nacional de Empleados del IDA (Uneida), del Sindicato de Técnicos de la entidad (Siteida) y del Sindicato de Profesionales (Siproida), advirtió que hay temor entre los afiliados porque la reestructuración podría convertirse en simple despido de empleados.

A juicio de estos grupos representantes de los 513 empleados de la institución, el decreto ejecutivo que ordena la reestructuración permite al presidente ejecutivo “hacer lo que le dé la gana”.

Reforma. Amador respondió que no deben imperar las vanidades personales, sino el bienestar del país. El Instituto, añadió, debe salir con más personal en las zonas rurales, donde está quien necesita los servicios pues ahora un 60% de los 513 se hallan en las oficinas centrales, en Moravia, San José.

Explicó que el IDA va atrasado en el plan de ejecución de los cambios solicitados por la Contraloría y que la recusación desvía la atención y recursos. “Hay que centrarse para cumplir lo que se requiere y no en una lucha estéril”, enfatizó.

Los cuatro sindicatos están de acuerdo con una “reestructuración técnica y no política”, e incluso ya han presentado propuestas en ese sentido.

Marcos Ramírez, coordinador del Frente Campesino, apoyó la decisión de retirar la respuesta de la Contraloría, como un paso para evitar una paralización del IDA.

Explicó que el interés de los campesinos es que se ejecute el presupuesto, porque hay asignados recursos para construir caminos, puentes y otra obras urgentes.

No se puede dejar abandonados a los campesinos porque sufren las consecuencias de los manejos de la entidad y podrían quedarse también sin las obras urgentes, añadió.

Sería darles “tras cuernos, palos”, comentó el dirigente del grupo que representa a unas 150 organizaciones.

Este frente se reunirá hoy con las autoridades del Instituto para exponer sus criterios y solicitudes sobre la reestructuración.

Amador informó de que se trabaja en los dos frentes: cumplir con lo solicitado en el informe del ente contralor y preparar el plan de reestructuración.

Sin embargo, prefirió no ahondar en detalles ni dar fecha para presentar la propuesta.

Contraloría puso ‘dedo en la llaga’

Duro informe

Las denuncias acerca de supuestas anomalías en la compra y adjudicación de tierras se venían dando desde hace mucho tiempo. Esto llevó a la Contraloría General de la República a indagar la labor del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

El Instituto existe para comprar tierras y otorgarlas a campesinos. Pero según el informe de la Contraloría, se beneficiaron empleados, políticos y empresarios, tanto con adjudicación de parcelas como con compras de fincas no aptas para la agricultura y la ganadería.

Se ordenó el cierre de la entidad pues en varias ocasiones los directivos fueron notificados de los problemas y no se resolvieron, según la Contraloría. El Gobierno optó por una reforma.

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mar 29/may/2007
Fuente: B.C.C.R.

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