 Artistas por la despenalización del aborto
(AFP)
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BUENOS AIRES (AFP) -
Unas 250 agrupaciones sociales y humanitarias, con el respaldo de varios legisladores, lanzaron una ofensiva para despenalizar el aborto al presentar este lunes en el Congreso argentino un proyecto de ley que contempla además el acceso gratuito a esa práctica hasta las 12 semanas de gestación.
"El proyecto impulsa que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal, segura y gratuita para todas las mujeres hasta las 12 semanas de gestación", dijo a la AFP Marta Rosenberg, psicoanalista que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que nuclea a las organizaciones.
La iniciativa que impulsa la eliminación del delito del aborto del Código Penal cuenta con el apoyo de una decena de diputados oficialistas, de la oposición socialdemócrata y socialistas, que se comprometieron a darle impulso dentro del Parlamento, según Ronsenberg.
La presidenta del oficial Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), María José Lubertino, que llegó al cargo de la mano del presidente Néstor Kirchner, participó el lunes de una movilización en Buenos Aires a favor del proyecto que culminó con su presentación en el Palacio Legislativo.
Varias iniciativas tendientes a despenalizar el aborto han sufrido históricamente la resistencia de sectores conservadores y de la Iglesia católica, culto mayoritario en Argentina, y no han prosperado en el Congreso.
El proyecto contempla el acceso gratuito al aborto en hospitales públicos y su cobertura en el sistema de salud prepago hasta las 12 semanas de gestación para todas las mujeres, sin que sea necesario presentar una autorización judicial.
Además, permite la interrupción del embarazo por fuera de ese plazo en caso de que sea producto de una violación, si existen malformaciones fetales graves y cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer.
Este último caso es uno de los únicos dos que contempla actualmente el Código Penal argentino para la realización del aborto, aunque existen denuncias de que algunos hospitales públicos interponen obstáculos a la hora de llevarlos adelante.
"Los médicos no hacen esos abortos porque tienen miedo que los demanden ante la Justicia por mala praxis, o por razones ideológicas o religiosas", señaló Rosenberg.
El otro caso de aborto no punible según la ley es cuando el embarazo "proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente", de acuerdo al texto del Código Penal, siempre que exista el consentimiento de su representante legal.
El proyecto que ingresa al Congreso prevé la objeción de conciencia para profesionales médicos que no quieran practicar el aborto por razones religiosas, pero determina que la autoridad responsable del servicio de salud debe garantizar esa práctica.
El aborto es la principal causa de muerte materna en el país sudamericano, donde se estima que se practican anualmente unos 500.000 abortos clandestinos, que causan las muertes a unas cien mujeres y dejan graves secuelas en muchas otras.
En 2004, el gobierno mantuvo una dura polémica con la Iglesia luego de que el entonces obispo castrense, Antonio Baseotto, dijo que había que tirar al mar con una piedra al cuello al ministro de Salud, Ginés González García, por pronunciarse a favor de la despenalización del aborto y del uso de los preservativos.
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