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Gastaron el dinero en viajes, quinceaños, regalos y fiestas Otto Vargas M. ovargas@nacion.com Durante poco más de siete años y hasta finales del 2000, Juan Potoy Potoy –un vecino de río Naranjo de Bagaces– “acudió” a cobrar el cheque de su modesta pensión. Para ese año estaba próximo a cumplir sus 100 años... de no ser porque murió en 1993. A lo largo de ese tiempo, dos funcionarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) –investigadas por el OIJ– lo mantuvieron “vivo” para apoderarse de ese dinero. Lo mismo hicieron con decenas de cheques destinados a ancianos pobres de esa zona. Ese es solo un ejemplo de los ardides utilizados por funcionarios públicos para distraer fondos del Estado. El dinero, con bastante frecuencia, se emplea “en trivialidades”, tal como explicó el Procurador de la Ética Pública, Gilberth Calderón. La fiscal adjunta Patricia Cordero considera que a algunos funcionarios los ha traicionado aquello de que “en arca abierta hasta el justo peca...” “En el país hay varias instituciones con focos de corrupción”, advirtió la Fiscal. Gastos superfluos. A la Procuraduría le ha correspondido la misión de recuperar fondos estatales que funcionarios utilizaron para sufragar los costos “de un viaje de aniversario de bodas, del matrimonio de una hija o de un quinceaños”. “Es increíble pero nos hemos encontrados casos en los que el dinero se usó para pagar la cuenta en un restaurante de lujo, para organizar una fiesta o para comprar un regalo ostentoso. “En esos casos no es posible recuperar el dinero que gastaron y tenemos que enfocarnos en algunos bienes que puedan responder. En el caso de las personas que no tienen nada, no es posible cobrar”, puntualizó Calderón. Tampoco la existencia de bienes es garantía de que algo se recuperará. Los procesos judiciales de cobro son engorrosos y pueden tardar hasta cinco años. Dinero se desvaneció. El descalabro del Banco Anglo Costarricense (BAC), en 1994, pasará a la historia como una de las peores pérdidas monetarias del país: ¢17.900 millones. En ese caso, las autoridades demostraron que los directivos –todos purgan prisión– incurrieron en inversiones riesgosas especulativas. Con eso, faltaron a su deber de probidad. “Ellos no se dejaron el dinero; simplemente se perdió”, explicó la fiscal Cordero. Solo algunos pocos bienes del exgerente Carlos Hernán Robles sirvieron para resarcir una mínima parte del daño. Por ese caso también hubo condenas de particulares: los empresarios Luis Fernando Chanto y Carlos Rodó Ortuño. Ellos obtuvieron sobregiros.
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