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Fiscalía indaga más de 100 casos graves de corrupción Procurador considera que fondos saqueados son irrecuperablesGrandes fortunas fueron enviadas fuera del territorio nacional Otto Vargas M. ovargas@nacion.com La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción tramita más de 100 investigaciones en contra de funcionarios o exservidores públicos de mandos medios y altos que aprovecharon su condición para apoderarse de recursos del Estado. Según confirmo la fiscal adjunta, Patricia Cordero, las pesquisas involucran a más de 500 personas, incluidos particulares que sacaron provecho de su cercanía con los funcionarios. “En esta Fiscalía atendemos los casos de personas con poder de toma de decisión; casos que involucran pérdidas significativas... de ¢100 millones o más. “Jamás podríamos absorber la totalidad de denuncias en contra de funcionarios públicos; hablamos de miles. La investigación de casos menores la asumen otras fiscalías”, explicó Codero. La Fiscal considera –con relación al cúmulo de denuncias– que “o la gente ha aprendido a denuncia o algunos funcionarios se han descarado tanto que ya no se preocupan por esconder el ilícito”. Así ocurrió en el caso de una funcionaria del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), condenada hace tres semanas. Tras verse descubierta por una millonaria sustracción de fondos, la encargada del Departamento Financiero Contable mostró un “falso arrepentimiento”. Eso le permitió continuar con su trama hasta apoderarse de casi ¢35 millones. Dinero irrecuperable. El procurador de la Ética Pública, Gilberth Calderón, estima que de la totalidad de fondos saqueados al Estado, si acaso es recuperable el 20 por ciento. “La recuperación efectiva es muy pequeña. Si son cantidades menores, los funcionarios la gastan y luego no tiene bienes a su nombre que respondan. Si son grandes, las sacan del país y el rastreo es difícil”, aseveró Calderón. En días pasados, un tribunal condenó de tres a 15 años de cárcel a un grupo de servidores de la Tesorería Nacional por el desvío a cuentas de particulares de ¢324 millones. La Procuraduría solo rescató ¢105 millones. “Y en ese caso nos fue muy bien”, dijo el Procurador. Tras un rastro. Para la fiscal Patricia Cordero, reconstruir la ruta del dinero es un proceso tedioso, lento y muy complejo. “El funcionario que se mete en algo así ya no es tan ingenuo como para llevar el dinero a un banco. “Ahora acude a herramientas financieras más sofisticadas para perder el rastro”, añadió. La Fiscalía tiene en la mira a dos funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que tuvieron a su cargo compra de equipo en Venecia, Italia. Eso los ha obligado a efectuar investigaciones financieras en ese país, Estados Unidos, Nicaragua y Panamá. Al parecer, el equipo recibido no era el solicitado. Los fiscales también están tras la pista de unos funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), quienes al parecer cancelaron deudas de particulares, vía electrónica, sin que el dinero ingresara a las arcas del Estado. La Fiscalía investiga 40 cancelaciones de esa naturaleza, acciones por las que –según sospechan las autoridades– “alguien” habría recibido bonificaciones. Las más de 100 investigaciones están a cargo de 25 fiscales. Algunos de ellos se dedican en exclusiva a los casos más delicados.
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