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Gilberth Calderón Procurador de la Ética PúblicaOtto Vargas M. ovargas@nacion.com Sin ambages, el procurador de la Ética Pública, Gilberth Calderón, lamentó que el dinero que sustraen funcionarios públicos de las arcas estatales es casi irrecuperable. El funcionario advirtió que más allá del daño patrimonial al Estado, el país sufre un grave daño social al desaparecer fondos destinados a planes específicos. En estos momentos, la Fiscalía de Delitos Económicos tramita más de 100 casos graves de corrupción que implican la pérdida de millones de colones. Calderón ha tenido a su cargo importantes casos y se apresta a defender los intereses del Estado en los casos Caja-Fischel e ICE-Alcatel, que incluyen una solicitud para resarcir el daño social –según la tesis de la Procuraduría– causado por el supuesto pago de comisiones a políticos y exfuncionarios. La Procuraduría de la Ética Pública fue creada el 9 de abril del 2002 y tiene como misión “ realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública”. Comenzó labores en mayo del 2004. Calderón asegura que le ha correspondido asumir casos en los que funcionarios públicos utilizaron el dinero para “trivialidades” como fiestas de quince años, viajes personales, celebraciones y consumo en restaurantes de lujo, entre otros.
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