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EDITORIALReducción del déficit fiscal La política fiscal responsable en los últimos 20 meses ha arrojado resultados favorablesPara mantener los logros alcanzados, la reforma del Estado es imprescindible Reportamos el viernes pasado que el déficit fiscal del Gobierno Central se había reducido, con corte a abril, en un 84% en términos reales (descontando la inflación) en comparación con el mismo mes del año anterior. También habíamos informado en días anteriores que el déficit consolidado del sector público reducido, que incluye los ingresos y gastos del Gobierno, Banco Central y las principales instituciones públicas, había mermado por el superávit del ICE y Recope, que compensó parte del faltante del Gobierno y Banco Central. Al mes de enero pasado, el déficit conjunto del sector publico representaba solamente un 0,11% del producto interno bruto (PIB), uno de los más bajos de los últimos años. Ambas mediciones del déficit fiscal son muy favorables y ejercen efectos positivos en la economía nacional. Pero es importante tomarlas con un grano de sal, dados los altibajos que registra la oscilante trayectoria de nuestra historia hacendaria. El resultado favorable de las finanzas consolidadas en los últimos doce meses reportados proviene básicamente del superávit del ICE, pues sus ingresos se incrementaron por las mayores ventas en el sector de telecomunicaciones y los menores gastos de inversión, sobre todo durante el año anterior. Recope, por su parte, arrojó mejores ingresos al incrementarse los litros vendidos de combustibles, y las finanzas del Banco Central también vieron mejores días al subir las tasas de interés de sus activos externos denominados en dólares y bajar las de sus pasivos locales denominados en colones. Las causas de la reducción del déficit fiscal en el Gobierno central provienen de un comportamiento doblemente favorable. Primero, los ingresos crecieron una tasa del 16,3% en los últimos doce meses, producto del crecimiento real de la economía y el esfuerzo de recaudación iniciado desde el 2005, que incluye la puesta en vigencia del nuevo sistema de recaudación aduanera (TICA) con su consiguiente aumento no solo de la recaudación de derechos arancelarios, sino también los impuestos de venta y consumo que se cobran a nivel fronterizo. En segundo lugar, los gastos estuvieron más controlados, pues solo se expandieron un 9,4%, tasa mucho más reducida que el incremento experimentado en la recolección de impuestos. Además, la continuada reducción en las tasas nominales de interés observada en los últimos 18 meses ha aliviado el gasto por ese concepto, pues la tasa de variación fue únicamente del 0,7% en el último año. Esa evolución en las tasas de interés influyó favorablemente no solo en las nuevas colecciones de deuda, sino también en el saldo acumulado por efecto de las tasas variables de interés. Muchos títulos colocados en años anteriores se pactaron a tasas variables, que oscilan hacia abajo o arriba, dependiendo de la tasa básica pasiva. Si esta cae, como ahora, al 7,25%, se reduce también el servicio de intereses. Esta política fiscal responsable, observada congruentemente durante los últimos 20 meses, ha producido efectos económicos y sociales muy favorables. Los más visibles son la reducción en la tasa de inflación, que ha caído del 14% en el 2005 a alrededor de un 9% actualmente (aunque motivada, también, por el descenso en los precios del petróleo) y la fuerte caída en las tasas de interés, de varios puntos porcentuales en los últimos 11 meses. La primera, produjo un alivio en el bolsillo de los costarricenses, sobre todo en el de los menos favorecidos, y les permitió mejorar su consumo y bienestar. Y la disminución de las tasas activas de interés ha producido un respiro en los flujos de caja de los deudores costarricenses, especialmente entre quienes tienen obligaciones de largo plazo por la adquisición de vivienda. Ambos aspectos se reflejarán, de alguna manera, en la medición de la pobreza que se realizará en julio. La preocupación, sin embargo, es si esas tendencias favorables podrán sostenerse en el los próximos años. Si bien, las cifras anualizadas reflejan una mejoría, los gastos del Gobierno Central durante el último semestre han venido creciendo a una tasa superior a la observada en el primer semestre del 2006. Ya se anunció la presentación de un nuevo presupuesto extraordinario de gastos a la Asamblea Legislativa. Por su parte, los egresos de ciertas entidades estatales, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tenderán a incrementarse como consecuencia de las decisiones más recientes en las dos instituciones, posiblemente justificadas como mencionamos en un editorial anterior, pero que tendrán el efecto de disminuir sus correspondientes superávits y aumentar, a la vez, el déficit fiscal consolidado. Si esa tendencia en el gasto se mantiene y la tasa de crecimiento de los ingresos se ajusta hacia abajo por una menor expansión de la economía, la caída del déficit fiscal tendería a revertirse y revertir, también, su influencia en las tasas de inflación, interés y, posiblemente, la medición de la pobreza. El Gobierno, estamos seguros, está consciente de esta posibilidad. En su discurso de rendición de cuentas del 1.° de mayo el presidente de la República anunció su determinación de revivir el proyecto para aumentar los impuestos, una vez resuelto el referéndum sobre el TLC. Esta decisión debe meditarse. Para evitar un deterioro del déficit fiscal consolidado y mantener la tendencia de los buenos indicadores económicos, más valdría dedicar los esfuerzos a emprender una buena reforma del Estado. Así, no abortaría la recuperación de la economía (los impuestos disminuyen el gasto e inversión del sector privado) y podría lograr los otros dos objetivos: preservar los programas sociales y la inversión pública y, a la vez, mantener inalterado el déficit fiscal. La economía del país respondería favorablemente a una política fiscal de equilibrio macroeconómico sin sacrificar lo social.
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