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Fiscal general de EE. UU. ante posible voto en contra Washington. AFP. Tras la renuncia de Paul Wolfowitz al Banco Mundial, las miradas se vuelven hacia otro personaje cercano al presidente George W. Bush, el fiscal general Alberto Gonzales, que podría recibir esta semana un voto de censura simbólico del Senado. En medio de una polémica desde febrero a causa del despido de ocho fiscales federales el año pasado, una decisión legal pero que podría haber sido una purga política orquestada por la Casa Blanca, Gonzales, que cuenta con el respaldo inquebrantable de Bush, parece haber pasado el ojo del huracán. El lunes, la renuncia de su adjunto, Paul McNulty, confirmó que el secretario de Justicia no piensa abandonar el cargo. Al día siguiente de la salida de su adjunto, Gonzales reiteró que seguirá en su puesto, al recordar sus tres prioridades: proteger a su país del terrorismo, las calles del crimen y a los niños de los pedófilos. Pero en paralelo, un exnúmero dos del Departamento de Justicia, James Comey, reveló a estupefactos senadores cómo Gonzales, entonces responsable de los servicios jurídicos de la Casa Blanca, se reunió en marzo del 2004 con el entonces secretario de Justicia John Ashcroft para instarlo a que apoyara las escuchas telefónicas sin mandato de un juez. Estas escuchas, instauradas por Bush tras los ataques del 11 de setiembre del 2001, se aplicaron a las comunicaciones entre Estados Unidos y el extranjero. Reveladas por la prensa en 2005, se mostraron como la primera medida antiterrorista dirigida a los ciudadanos estadounidenses, y la que más oposición concitó. Interrogado al respecto, Bush rehusó confirmar o desmentir el episodio. Dos senadores demócratas anunciaron el jueves que someterán a debate una moción de censura contra el fiscal general, aunque es meramente simbólica.
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