Gonzales y Bush
(AFP)
|
WASHINGTON (AFP) -
Tras la renuncia de Paul Wolfowitz al Banco Mundial, las miradas se vuelven hacia otro personaje cercano al presidente George W. Bush, el fiscal general Alberto Gonzales, que podría recibir la próxima semana un voto de censura simbólico del Senado estadounidense.
En el medio de una polémica desde febrero a causa del despido de ocho fiscales federales el año pasado, una decisión legal pero que podría haber sido una purga política orquestada por la Casa Blanca, Gonzales, que cuenta con el respaldo inquebrantable de Bush, parece haber pasado el ojo del huracán.
El lunes, la renuncia de su adjunto, Paul McNulty, oficialmente para encontrar un empleo que le permita financiar los estudios de sus hijos, confirmó que el secretario de Justicia estadounidense no piensa abandonar el cargo.
Al día siguiente de la salida de su adjunto, Gonzales reiteró que permanecerá en su puesto, al recordar sus tres prioridades que repite desde hace meses: proteger a su país del terrorismo, las calles de la criminalidad y a los niños de los pedófilos.
Pero en paralelo, un ex número dos del Departamento de Justicia, James Comey, reveló a estupefactos senadores cómo Gonzales, entonces responsable de los servicios jurídicos de la Casa Blanca, se reunió en marzo de 2004 con el entonces secretario de Justicia John Ashcroft para instarlo a que apoyara las escuchas telefónicas sin mandato de un juez.
Estas escuchas, instauradas por Bush tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, se aplicaron a las comunicaciones entre Estados Unidos y el extranjero.
Reveladas por la prensa en 2005, se mostraron como la primera medida antiterrorista dirigida directamente a los ciudadanos estadounidenses, y la que más oposición concitó.
Las palabras de Comey "recuerdan que, tiempo antes de pasar de la Casa Blanca al Departamento de Justicia, Gonzales fue el facilitador del laberinto legal de la 'guerra contra el terrorismo'", estimó el viernes Los Angeles Times en un editorial.
Interrogado el jueves en una conferencia de prensa, Bush rehusó confirmar o desmentir el episodio entre Gonzales y Ashcroft, al destacar la confidencialidad del programa de escuchas y la realidad de la amenaza terrorista.
Dos senadores demócratas, que aseguran tener el apoyo de su partido, anunciaron el jueves que someterán a debate una moción de censura contra el fiscal general norteamericano, y aunque es meramente simbólica, podría incluso contar con el respaldo de senadores republicanos.
"No tiene credibilidad. Muchas personas creen que no puede manejar o dirigir el departamento. Cada día que pasa en el que sigue estando en su cargo somete al sistema judicial, que está en el corazón de nuestros valores democráticos, al descrédito", dijo uno de los dos senadores, Charles Schumer.
El viernes, la Casa Blanca reiteró su apoyo a Alberto Gonzales, al asegurar que la moción, si efectivamente es aprobada, no será más que un "juego de manos político".
El influyente senador republicano Arlen Specter dijo el domingo a la cadena CBS que Gonzales partiría antes de la votación de la moción, para evitar "un deshonor histórico".
Pero más allá de las críticas contra Gonzales, los legisladores que investigan el despido de los fiscales federales no parecen dispuestos a dejar en paz al secretario de Justicia.
El miércoles interrogarán a Monica Goodling, su ex colaboradora que era el eslabón entre el departamento y la Casa Blanca, a la que le concedieron inmunidad toda vez que rehusaba testificar invocando su derecho a no autoincriminarse.
Y los legisladores reclaman todos los días interpelar a Karl Rove, asesor de Bush, y leer sus correos electrónicos ligados a este caso, misteriosamente desaparecidos.
| 
