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Derechos del profesorado Jesús Vásquez Quesada Presidente de APSE El editorial del 5 de mayo del 2007 deLa Nación arremete contra las organizaciones magisteriales, específicamente contra la APSE, porque salimos a las calles a defender la educación pública, así como la estabilidad laboral y económica del colectivo docente. Culpables son los políticos que nombran a docentes no calificados en el MEP; culpables son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que carecen de voluntad política para la designación de un presupuesto justo para la educación pública; culpables son los neoliberales que están hambrientos de un TLC para terminar con la educación pública y engrosar sus ya abultadas arcas en detrimento de la mayoría de los costarricenses. Participación. Señala el editorial que “la mayoría de los colegios no atendieron ‘la orden’ de APSE. Sin embargo, muchos estudiantes perdieron un día de clases”. No es de extrañar que La Nación recurra a la omisión y a la mácula en sus noticias para no presentar el verdadero resultado de la huelga del 3 de mayo pasado, cuya participación de afiliados y afiliadas en el movimiento fue de 80% en el Valle Central y de 90% en la zona rural. El editorialista debería informarse mejor sobre el espíritu de la APSE, su misión y su visión, dado que es una falacia que los dirigentes “despreciemos la educación pública” y, por eso, realizamos huelgas. Es evidente su campaña de desprestigio contra todo lo que huela a pueblo, a sindicato, a trabajador. ¿Por qué será? De la base. Recordamos a La Nación que quienes deciden ir a huelga son nuestras bases; son los profesores que sufren los “horrores” administrativos del MEP y no reciben sus salarios desde febrero pasado. Le recordamos que la APSE ha hecho y hace propuestas concretas al Ministerio, en campos como adecuación curricular, modelo pedagógico, etc., para frenar la debacle en la educación pública. ¡Qué “extraña posición”! El mismo periódico ha publicado reportajes sobre las precariedades en los colegios y la injerencia política en los nombramientos de los trabajadores de la educación. Sin embargo, su diatriba contra la APSE lo ciega. Nota de la Redacción La cuestión de fondo en nuestro editorial se refería al abuso moral y legal de utilizar a los estudiantes y a los padres de familia como instrumento para fines ajenos a la educación pública.
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