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Por la institucionalidad Una gran responsabilidad para todos los actores de la vida cívica nacionalDanilo Chaverri Soto La convocatoria al referéndum hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones, como resultado de la conjunción de voluntades entre el Poder Ejecutivo y una elevadísima mayoría de la Asamblea Legislativa, permitirá resolver por decisión popular directa si se aprueba o rechaza el TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Esta vía conlleva una gran responsabilidad para todos los actores de la vida cívica nacional, desde el ciudadano que emitirá su voto hasta los jerarcas que presidirán el proceso, pasando por los medios de comunicación, los que promueven el sí y los que favorecen el no, las autoridades públicas en general y los líderes políticos en particular. En el proceso que se avecina, importan tanto el tema por definir como la preservación de credibilidad para la nueva avenida democrática, que podríamos usar exitosamente en el futuro si actuamos con sensatez en esta primera ocasión. En abono a la sensatez, podemos recordar que el 1.° de diciembre de 1821, a poco más de un mes de recibida la noticia de la independencia de España, mientras Centroamérica no había encontrado un camino unívoco para iniciar su ruta política en la historia, nuestros abuelos buscaron el amparo de la razón y la legalidad. De esa acción reflexiva surgió la primera Constitución Política, que proverbialmente lleva el nombre de “Pacto de Concordia”. Razón y derecho. Desde entonces, la prevalencia de la “fuerza de la razón” y del derecho han sido las normas que han enmarcado nuestra vida como nación, y los momentos excepcionales en que esa forma de convivencia se ha roto han servido para que retomemos con más ímpetu el camino de la legalidad y del fortalecimiento de nuestras instituciones. Dichosamente, somos un pueblo moldeado principalmente por maestros, abogados y ciudadanos prudentes, y no por militares, gamonales prepotentes o líderes de barricada. En medio de estas reflexiones causa gran preocupación la actitud de don José Miguel Corrales, ilustre abogado, destacado político nacional, quien en tres ocasiones llegó a la Asamblea Legislativa, interesado en hacer de su curul cátedra de respeto a la institucionalidad y al Estado de derecho, como en muchas ocasiones le escuchamos decir. Por eso, y porque conocemos por la experiencia de países hermanos la tragedia que significa imponer la “sinrazón de la fuerza” a la institucionalidad, no es posible entender los ataques de don José Miguel en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en relación con los términos en que fue convocado el referéndum, a partir incluso de propuestas hechas por él como diputado y que fueron incorporadas en la ley respectiva. No resulta inteligible cómo el otrora defensor de las instituciones toma el camino de la maledicencia para desacreditar al TSE, la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional, presentándolos como si hubieran urdido una perversa confabulación para negar al pueblo el derecho a decidir sobre un tema fundamental, cuando lo que ha ocurrido es precisamente la aplicación correcta de los mecanismos jurídicos para que se abra sin dilación la ancha puerta del sufragio y el pueblo tome para sí, dentro del marco del derecho, la potestad de legislar en forma inmediata, sin necesidad de someterse a un proceso retardatario de recolección de firmas que al inicio sería tan solo una expectativa de derecho. Afrenta a la dignidad. Don José Miguel no debe jugar con las palabras, afrentando la dignidad nacional, hablando de que aquí se ha establecido una “tiranía”, presentando al TSE como una suerte de “tureca” al servicio del Poder Ejecutivo. Los hombres del derecho no pueden enrarecer el ambiente de la decisión cívica atizando con la violencia verbal el tortuoso camino de la democracia callejera con la renuncia de los valores inherentes a la convivencia democrática. No puede un hombre de bien –y don José Miguel lo es– pasar de reflexivo y prudente a temerario y audaz, levantando el falso estandarte de la difamación, como reacción a la irritación que le produce el que la institucionalidad nos haya permitido escoger el camino llano de la convergencia política entre dos poderes del Estado, brindándonos una solución inmediata y no la mera posibilidad de recoger firmas retrasando innecesariamente la decisión oportuna. No hay prueba que sustente el baldón con que don José Miguel quiere deshonrar las instituciones nacionales. Ojalá don José Miguel no desate conjuros que después no pueda controlar porque, si así lo hiciera, causaría daño, quizás irreparable, a la institución del referéndum y a la gobernabilidad.
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