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EDITORIALEl caso de las expropiaciones Un asunto elemental: una costosa inversión pública sin reparar en la maraña legal que la entorpeceLos procesos complicados afectan el servicio público y el desarrollo del país, y estimulan el abuso Con ocasión de los apagones, hace 15 días, que tantas reacciones suscitaron en la población, publicamos un editorial intitulado “El nuevo ICE”. En vez de enderezar las críticas contra supuestos responsables de la suspensión transitoria de la energía eléctrica, hicimos hincapié, sin dejar de llamar la atención sobre este aspecto, en la necesidad de ahondar en las causas de esta crisis, a fin de rectificar y planificar el futuro. De esta calamidad pública, así como del estudio responsable de otras graves fallas en esta institución, que puntualizamos, debía surgir, sin dejar de lado su aporte extraordinario al desarrollo del país, una nueva actitud y una visión certera sobre el futuro del ICE. La realidad nacional e internacional, el servicio público, el avance vertiginoso de la tecnología y la competencia, y, de ningún modo, los planteamientos ideológicos o políticos, debían servir como telón de fondo o inspiración de este proceso. A dicho editorial se han agregado otros factores e informaciones, en estas semanas, que han enriquecido el debate y la toma de decisiones. Así entendemos el reportaje de La Nación de ayer sobre el desaprovechamiento de la inversión realizada en tres subestaciones del ICE en el territorio nacional. Este reportaje de la periodista Mercedes Agüero comprueba lo que es público y notorio: el tonel sin fondo de los fondos públicos, pero, en cuanto al ICE, reitera una de las causas más agudas del rezago nacional en muchos campos. Nos referimos a la maraña de leyes y reglamentos que entorpecen la toma de decisiones. De este desorden y de la lentitud en desbrozar y ordenar se aprovechan no pocos para sacar provecho en menoscabo del interés público. Lo demuestra el reportaje citado: el ICE instaló cuatro subestaciones, hace dos años, para disminuir los cortes de luz y atender la demanda. Tres de estas subestaciones –en Osa, Cubano y Cahuita– costaron ¢6.071 millones. Pese al costo y a la necesidad, están en desuso por los retrasos en la instalación de las líneas de transmisión. Los propietarios de los terrenos para las respectivas servidumbres no colaboran y los trámites de expropiación todo lo complican. El presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós, le pidió ayuda a la Corte Suprema de Justicia a fin de acelerar los procesos judiciales. Creemos que también el Gobierno debe intervenir. Se trata de un problema que afecta a todas las expropiaciones –díganlo, si no, la construcción de algunas carreteras– y debe encontrarse una solución integral que, sin violentar los derechos de los propietarios, no afecte el interés público. Al margen de esta cuestión prioritaria, surge, a la vez, el problema de fondo: una elevada inversión, en un campo estratégico para el país, que resulta ineficaz o inútil por la desatención de variables fundamentales, como, en este caso, la complejidad de las expropiaciones, todo lo cual desemboca en una solicitud a la Corte Suprema de Justicia por los obstáculos de un proceso que debió haberse corregido desde hace mucho tiempo. Si tomamos en cuenta que este es solo un capítulo en un libro siempre abierto y, al parecer, poco leído, advertiremos cuáles son las causas reales del atraso del país en campos determinantes para nuestro desarrollo. Sirva el capítulo principal de esta larga historia de enmarañamiento y bloqueo –el reglamento interior de la Asamblea Legislativa– para verificar el daño infligido a la institucionalidad y al desarrollo nacional por esta asimetría entre las normas legales, la gobernación y las necesidades del país.
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