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En Guardia Jorge Guardia jguardia@nacion.com Tronaron los cielos, rompieron las lluvias, se hincharon los ríos que amamantan los embalses del ICE y se fueron alejando, despacito, los tediosos apagones bajo la creíble promesa de volver. Volverán, como las golondrinas, el próximo verano. Uno lo sabe. Lo siente. Y se sienta pacientemente a esperar, candela en mano, que los partidos políticos decidan ponerse de acuerdo y adoptar decisiones inteligentes que nos permitan vivir en claridad. ¿Se sentarán, esta vez, las correspondientes responsabilidades? Los funcionarios del ICE fueron los primeros en levantar el dedo acusador. La responsabilidad recae –señalaron– sobre quienes gobernaron en los últimos años, pues ellos (los del ICE) habían previsto (en campos pagados) la ocurrencia de racionamientos y apagones por restringir la inversión de su querida institución. Algo tienen de razón. Y les acreditamos medio punto. El otro medio juega en su contra por haberse opuesto a la apertura, competencia y cogeneración, creyendo que sobre esa institución poseían derechos inalienables de propiedad. El presidente Arias tomó al vuelo la acusación, la hizo suya, y fustigó a sus predecesores al haberlo amarrado “por razones ideológicas”. Y le soltó las amarras. Pero ¿quién está exento de ideología? ¿No le está arrebatando al ICE, por las mismas razones ideológicas, el monopolio de la telefonía celular? ¿No está poniendo, acaso, al INS a competir? Todos tenemos ideología. Y todos los Gobiernos, sin excepción, han conjugado sus déficits con superávits en las instituciones para preservar un cierto equilibrio “macro”. En el 2006 (primer año de gobierno), el déficit consolidado bajó al 0,39% del PIB gracias al generoso superávit de las instituciones (1,78% del PIB), el más elevado de los últimos 11 años. Cuando se hereda una casa en orden es muy fácil soltar amarras y navegar a la deriva, aunque sea por un rato. Pero hay que llegar a puerto. Se debe buscar una solución definitiva, al margen de las ideologías y del controvertible TLC. Si el Estado no tiene recursos para capitalizar al ICE; si la Asamblea se niega reiteradamente a financiar con nuevos impuestos el déficit fiscal (actual y potencial); si a los usuarios les resulta muy gravoso financiar las inversiones requeridas a punta de tarifas, ¿por qué no abrir, también, el monopolio de la electricidad y permitir que el capital extranjero supla las deficiencias de ahorro del sector público mediante concesión de obras o cualesquiera otras figuras? No hacerlo implicaría más apagones, nuevos impuestos, mayores tarifas eléctricas o una combinación de los tres. Estamos dentro de un zapato y, por fuerza, hay que escoger.
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