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Corte colombiana ordena captura de 20 políticos Lista incluye a cuatro legisladores de la coalición del presidente UribeJusticia los acusa de pactar acuerdo con grupos armados de extrema derecha Bogotá. Reuters y AP. La justicia de Colombia ordenó ayer capturar a cinco congresistas y otros 15 políticos por sus supuestos nexos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha, una decisión que agrava el escándalo y la crisis política que sacude al país. Los cinco legisladores fueron detenidos en la tarde de ayer: Juan Manuel López, Miguel de la Espriella, José de los Santos Negret y Reginaldo Montes, y solo restaba por ser detenido el senador William Montes. Salvo López, los parlamentarios son miembros de la coalición oficialista. El presidente Uribe declaró que “las responsabilidades individuales” de los congresistas la decidirá “la justicia en su sabiduría y de acuerdo con la Constitución y las leyes”. La orden se produjo mientras el Gobierno reconoció que investiga la autenticidad de unas grabaciones que probarían cómo antiguos integrantes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha dirigen actividades criminales desde la prisión, y advirtió que de ser así les suspenderá beneficios judiciales. Con las órdenes de arresto de la corte se eleva a 13 los legisladores encarcelados en medio de la investigación criminal. La mayoría son aliados de Uribe. “La sala penal dispuso medida de aseguramiento contra los cinco congresistas acusados de suscribir el pacto de Ralito. El cargo que se les imputa es el de concierto para delinquir agravado”, dijo el presidente de la sala penal de la Corte Suprema, Alfredo Gómez. Simultáneamente, la Fiscalía General ordenó capturar a otras 15 personas por sus supuestos vínculos con los escuadrones paramilitares, incluida la exrepresentante a la Cámara Eleonora Pineda, quien ha reconocido abiertamente su relación con esos grupos ilegales. Las personas investigadas por la Fiscalía firmaron en el 2001 un acuerdo con los paramilitares para “refundar” la patria y establecer un nuevo contrato social. Los legisladores aseguraron en su defensa que se vieron obligados a firmar el documento bajo amenazas de los paramilitares, pero la corte desestimó el argumento. “La corte con base en las pruebas existentes comprobó, demostró (...) que no hubo esa coacción, que hubo conocimiento y voluntad en la suscripción del documento”, explicó Gómez. Las ordenes de captura y la investigación del Gobierno coinciden con anuncios de que antiguos comandantes paramilitares han manifestado su disposición de revelar ante la justicia los nombres de políticos, militares y empresarios que los apoyaron en su lucha contra la guerrilla izquierdista. La revista Semana publicó el contenido de conversaciones telefónicas en las que supuestamente mandos medios de los paramilitares desmovilizados hablan desde la cárcel en donde permanecen recluidos, de actividades de narcotráfico, crímenes y extorsiones. “Vamos a verificar la autenticidad de estas grabaciones. Tenemos que verificar su autenticidad, y procederíamos inmediatamente a quitar los beneficios a quienes resulten implicados”, dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Algunos exjefes paramilitares confinados en una cárcel de alta seguridad están solicitados en extradición por Estados Unidos acusados de narcotráfico.
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