Alvaro Uribe
(AFP)
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BOGOTA (AFP) -
El espionaje telefónico que realizaba la policía colombiana a la oposición, la prensa y al propio gobierno se cobró la cabeza de la cúpula del organismo y llevó a los detractores del presidente Alvaro Uribe a exigirle que asuma el costo político del hecho.
La revelación -hecha por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos la noche del lunes-, según la cual la dirección de inteligencia de la policía filtró a una revista diálogos entre lugartenientes de paramilitares presos, evidenció que éstos siguen incursos en delitos aún después de desmovilizados y desató el escándalo.
Según Santos, esa dependencia no sólo espió de forma inconsulta a ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con quienes el gobierno pactó una desmovilización a cambio de beneficios judiciales. También, a miembros de la oposición, a periodistas e, incluso, a altos funcionarios del gobierno.
Por el hecho, el gobierno le pidió la renuncia al director de la Policía, general Jorge Daniel Castro, y al jefe de la dirección de inteligencia (Dipol) del organismo, el general Guillermo Chávez.
Este martes, en una conferencia de prensa donde presentó al nuevo director de la institución, el general Oscar Naranjo, Santos reiteró que el gobierno desconocía la existencia de las interceptaciones y aseguró que éstas "no estaban dirigidas específicamente a miembros de la oposición".
El hecho desató una ola de críticas hacia el gobierno, y justificó las reiteradas denuncias de sectores de oposición según las cuales durante la administración de Uribe vienen siendo víctimas de persecución y acoso por parte de los organismos de inteligencia del Estado.
"Desde el punto de vista penal cada uno de esos funcionarios deben ser investigado, pero las consecuencias políticas, ante todo, debería asumirlas el Presidente de la República pues cosas como esta no pueden pasar en un gobierno democrático", dijo Carlos Gaviria, vocero del opositor Polo Democrático.
"En una sociedad democrática madura este hecho no podría pasar y que el presidente siguiera incólume como muy seguramente ocurrirá en Colombia. Lo más grave es que, más allá de las infiltraciones, el tema de fondo es que los paramilitares siguen cometiendo delitos", añadió el líder izquierdista.
A su turno, el ex ministro de Defensa y ex precandidato presidencial por el opositor Partido Liberal, Rafael Pardo, opinó que el escándalo deja un episodio positivo. "Se comprueba que las denuncias de interceptación no son producto de la imaginación, sino que son parte de una orden. Ahora, lo que está pendiente de esclarecer es quién impartió esa orden y qué pretendía", dijo.
"Las interceptaciones inconsultas evidencian una actitud muy oscura de un sector institucional. Esto no puede quedar en la remoción de unos oficiales. Debe conocerse a quién le dieron esas grabaciones, a quién se las pasaban, por orden de quién se decidía a quién grabar. Y quién ganaba con ellas", añadió.
La bancada opositora a Uribe en el Congreso anunció que citará a Santos para que haga pública la lista de las personas a las que se les escuchaban sus conversaciones.
"Vamos a citar al gobierno a un debate porque eso no se puede quedar en un comunicado de la Casa de Nariño (sede presidencial)", dijo a la AFP, Juan Fernando Cristo, senador y vocero del Partido Liberal.
El pasado 19 de abril, al acusar a dirigentes de izquierda de llevar a cabo una campaña de cabildeo en sectores de Estados Unidos en contra de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Bogotá y Washington, Uribe sustentó su acusación "en informes de inteligencia militar y policial".
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