Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40
(AFP)
|
BOGOTA (AFP) -
El escándalo por nexos de políticos con paramilitares ocasionó este lunes un nuevo remezón en Colombia, al ordenarse la captura de 20 dirigentes, incluidos cinco congresistas, cuatro de ellos aliados del presidente Alvaro Uribe, que se suman a otros ocho legisladores presos.
A los implicados se les acusa de haber sacado "provecho político" de un pacto firmado en julio de 2001 con los entonces jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha), que habrían apoyado sus campañas al Congreso y otros cargos, dijeron la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.
La Corte -juez de los congresistas- dispuso la detención de los senadores Miguel de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes y William Montes, y del representante (diputado) José Santos.
Hasta la tarde del lunes sólo estaba pendiente el arresto de William Montes, mientras que los demás eran recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentran presos ocho parlamentarios más del oficialismo desde el 15 de febrero, también por supuestos vínculos con paramilitares.
Otro congresista aliado de Uribe está prófugo y 11 son investigados preliminarmente por el llamado escándalo de la 'parapolítica'.
Sobre la decisión de la Corte y en una escueta declaración a periodistas, Uribe recordó que "una cosa es la institución democrática del Congreso y otra las responsabilidades individuales que la justicia, en su sabiduría y de acuerdo con la Constitución y la ley, definirá".
Entretanto, y por el mismo caso, la Fiscalía ordenó capturar a 15 políticos, incluidos varios ex congresistas, ex alcaldes de bastiones paramilitares y ex diputados regionales.
Uno de ellos, la ex representante Eleonora Pineda, fue detenida en Bogotá.
Pineda fue una férrea defensora del diálogo de paz con las AUC, que condujo al desarme de 31.000 paramilitares, cuyos jefes están inmersos en un proceso de confesión a cambio del cual recibirán una pena máxima de ocho años de cárcel por sus crímenes contra la humanidad.
Las AUC son acusadas de unos 9.000 homicidios a lo largo de dos décadas de lucha contra las guerrillas de izquierda.
El presidente de la Corte Suprema, Alfredo Gómez, y el fiscal general, Mario Iguarán, coincidieron en que los firmantes del "acuerdo de Ralito" -sindicados de concierto para delinquir por "promocionar" grupos ilegales- actuaron voluntariamente y no bajo presiones, como sostienen algunos de ellos.
"La Corte demostró que no hubo coacción por parte de los paramilitares para la presencia de estas personas en la reunión. Hubo conocimiento, voluntad en la suscripción del documento", dijo Gómez. "La asistencia a esa reunión fue libre, espontánea y consciente", indicó el fiscal.
Los implicados, varios de los cuales promovieron la campaña de Uribe a la presidencia en 2002 y su reelección el año pasado, podrían recibir de seis a doce años de cárcel, según el magistrado.
Las acusaciones señalan que las AUC presionaron a los electores en sus zonas de influencia para que los políticos afectos al grupo fueran elegidos en diversos cargos públicos.
Gómez reveló el domingo que la Corte investiga 25 nuevas denuncias contra congresistas por vínculos con paramilitares, mientras que hace una semana el vicepresidente Francisco Santos vaticinó que entre 30 y 40 legisladores terminarán tras las rejas por esas sindicaciones.
No obstante, el ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, descartó el domingo una revocatoria del Congreso o el llamado a nueves elecciones, incluso si termina involucrada la tercera parte del Legislativo.
El escándalo también amenaza con crecer por el anuncio del ex líder de las AUC, Salvatore Mancuso, de que revelará los nombres de los políticos, militares, empresarios y compañías que cooperaron con el grupo, cuando reanude su confesión el martes ante la fiscalía.
| 
