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Democracia directa en América Latina La democracia directa complementa, no sustituye, la democracia representativaDaniel Zovatto La transición y consolidación de la democracia en América Latina se ha desarrollado en dos etapas principales. La primera, durante los años ochenta, década perdida en lo económico, pero de avance en materia democrática. La segunda, a lo largo de los noventa y hasta la fecha, caracterizada por la crisis de representación del sistema partidario y el descontento creciente con la política; ambas situaciones trataron de ser superadas en numerosos países de la región mediante una doble vía: reformas constitucionales, por un lado, e incorporación de mecanismos de democracia directa, por el otro . Se ha instalado así, en la agenda política latinoamericana, un debate en torno a los potenciales beneficios y riesgos de estas instituciones. Para un sector, el creciente agotamiento y desprestigio de la democracia representativa demanda su sustitución por la democracia directa. Para otro sector, en cambio, dentro del cual me incluyo, las instituciones de democracia directa deben verse, más que una alternativa per se, como instrumentos dirigidos a fortalecer el sistema democrático; es decir, a complementar y no a sustituir a las instituciones de la democracia representativa. Por ello, y sobre todo para evitar el riesgo de su posible uso demagógico, el empleo de estos mecanismos exige, como premisa lógica, la existencia de un Estado democrático dotado de derechos fundamentales plenamente garantizados y en el que el pluralismo político goce de total efectividad. Incremento de su regulación. Actualmente, 16 de los 18 países de la región ejercen alguno de los tres mecanismos principales de democracia directa contemplados constitucionalmente en América Latina: la consulta popular (referéndum o plebiscito), la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Sólo México y República Dominicana no los han regulado aún a nivel nacional, pero en ambos países se discute avanzar en este sentido. Cabe advertir que la casi totalidad de las constituciones reformadas en América Latina durante las últimas dos décadas incluyeron el uso de instrumentos de democracia directa. En este sentido, Uruguay constituye una excepción, debido a que tales mecanismos datan de la década de 1930. Los países que más recientemente los han incorporado en sus ordenamientos jurídicos son Costa Rica, en mayo de 2002, Honduras, en enero de 2004, y Bolivia en febrero de este mismo año. Utilización creciente. Una mirada retrospectiva desde 1978 (inicio de la tercera ola en América Latina) a la fecha muestra una tendencia creciente al empleo de estas instituciones y, específicamente, de los referéndums y plebiscitos. En efecto, mientras durante la década de los ochenta se realizaron nueve consultas populares, durante los noventa el número saltó a 20, en su mayoría para legitimar o rechazar reformas constitucionales. Más recientemente, a partir del año 2000 y a mayo del 2007 se han realizado 10 consultas. Solamente en el último año y medio se han celebrado tres referéndums: uno en Bolivia, otro en Panamá y el tercero en Ecuador. En los tres ganó la postura oficialista. El balance nos deja un saldo de 39 consultas populares celebradas. Si bien Uruguay ha sido el país que más las ha utilizado, en los últimos años países como Ecuador, Bolivia y Venezuela –desde la llegada de Hugo Chávez– también han hecho un uso cada vez mayor de estas herramientas, con resultados no siempre positivos para la consolidación democrática. El caso costarricense. La propuesta costarricense de convocar un referéndum sobre la eventual aprobación de un acuerdo comercial es una decisión acertada que no registra antecedentes en América Latina. La trascendencia del tema y el debate apasionado que existe sobre el mismo hace prever un proceso complejo e intenso, plagado de desafíos. Y en estos temas, como bien sabemos los que nos dedicamos a esta profesión desde hace muchos años, el diablo está en los detalles. En este sentido, y pese al carácter inédito del referéndum costarricense en el ámbito regional, en mi opinión la experiencia latinoamericana arroja ciertas luces que valdría la pena tomar en cuenta, en especial las siguientes cinco: 1) evitar, en la medida de lo posible, que durante la campaña electoral se ahonde peligrosamente la alta polarización que sobre el tema de por sí ya existe en nuestros días, debido a que luego es muy difícil volver a unir al país; 2) hacer el mayor esfuerzo para garantizar una alta participación electoral, de modo que el resultado final tenga fuerte legitimidad política. “Tormenta política”. Hay que tratar de evitar la “tormenta perfecta”: un margen final estrecho entre el sí y el no combinado con una baja participación electoral; 3) impedir que el tema principal del referéndum, en este caso el TLC, se vea desplazado a un segundo plano y que la consulta popular se convierta en un voto a favor o en contra del gobierno actual; 4) asegurar que la pregunta sea redactada de manera objetiva, sin connotaciones tendenciosas para el sí o para el no, y 5) garantizar la plena vigencia de la libertad de expresión e informa- ción, así como la no manipulación de la opinión pública y, sobre todo, de estrictas condiciones de equidad, la cual, si bien en extremo difícil de controlar y garantizar, es al mismo tiempo la condición central para asegurar el éxito del referéndum. Para ello es importante propiciar un pacto de compromiso y responsabilidad con los medios de comunicación, que sin violentar la libertad de expresión asegure, al mismo tiempo, un comportamiento profesional y equitativo tanto en lo que refiere al acceso a los mismos como en el tratamiento que éstos hagan de las noticias (desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo). Hay que llevar a cabo, asimismo, un debate respetuoso y profundo no solo en la capital y en las principales ciudades sino a lo largo y ancho del país, sobre todo en la zona rural donde el TLC, de ser aprobado, tendrá fuerte impacto. Resumiendo: Con la convocatoria a referéndum Costa Rica hace gala de sus mejores credenciales democráticas. Estos mecanismos, como el dios Jano tienen una doble cara. Un mal manejo del mismo puede agravar los niveles de polarización y ahondar la división de la sociedad. Por el contrario, si se lo sabe aprovechar, además de zanjar definitivamente lo relativo al TLC, este primer ejercicio de democracia directa puede contribuir de manera positiva a renovar y fortalecer el sistema democrático.
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