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Los racionamientos eléctricos provocaron pérdidas en empresas como Impresora Delta.
Marvin Caravaca.
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/ LA NACIÓN
Mecanismo no se aplica para compra rápida de plantas térmicas

Declaratoria de emergencia en el ICE fracasa por ilegal

Gobierno pedirá a la Contraloría aval para que ICE haga compra directa
Presidente Arias anunció decreto en discurso del 1.° de mayo ante diputados

Mercedes Agüero R.y Álvaro Murillo
maguero@nacion.com

La declaratoria de emergencia nacional anunciada por el Gobierno para solventar la crisis energética del país, es ilegal.

Así lo reconoció el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, quien dijo que una opinión legal les advirtió que el decreto de emergencia que se proponían emitir para que el ICE comprara plantas térmicas, no se puede aplicar para este caso.

La Nación intentó conocer dicho criterio, pero se informó de que no existía un documento pues parte de las consultas se hicieron de forma verbal.

Esta misma versión fue confirmada por la procuradora general, Ana Lorena Brenes.

Marco Vargas, ministro de Coordinación Interinstitucional, dijo: “Entre las posibilidades que vimos en principio fue el decreto. Luego la Procuraduría nos señala que jurídicamente es poco viable un decreto de emergencia”.

Según Vargas nunca hubo la intención de apagar un incendio. “Solo buscamos mecanismos para resolver los problemas. Lo que pasa es que se determinó que el decreto podía rozar la legalidad”.

En el aire. El Gobierno anunció el 26 de abril que emitiría un decreto de emergencia en “las próximas horas” para facilitarle al ICE la compra de plantas térmicas (operadas con combustible) y, así, evitar en el 2008 racionamientos de luz como los aplicados desde mediados de abril de este año.

La medida también fue mencionada por el presidente Óscar Arias en su informe anual a los diputados, el 1.° de mayo.

“En el plano inmediato, hemos declarado el estado de emergencia que permitirá la ejecución de un plan de manejo de la crisis, para restituir a los costarricenses su derecho a un servicio público continuo en materia de energía”, dijo Arias ante la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, el decreto nunca se firmó. La Nación pidió una copia a la Casa Presidencial, pero nunca la enviaron.

Alternativa. El Ministro de la Presidencia afirmó que en lugar del decreto de emergencia acudirán a la Contraloría General de la República para que autorice una declaratoria de urgencia.

El artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa permite, en casos de urgencia, prescindir de los procedimientos normales de contratación.

La Contraloría informó de que todavía no han recibido el pedido.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) alertó de que el país requiere instalar generadoras eléctricas con 200 megavatios de capacidad para atender la demanda durante el próximo verano.

Los equipos deben comprarse e instalarse en tiempo récord para que estén funcionando a partir de enero del 2008.

Según el presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós, lograr esta meta es casi imposible con los mecanismos y plazos establecidos por la Ley de Contratación Administrativa . No obstante, confía en que la Contraloría les autorice un trámite más expedito .

¿Qué dicen las leyes?

Estado de Emergencia. (El Gobierno iba a ocupar esta vía). “Declaración del Poder Ejecutivo, vía decreto ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública. Esta declaratoria permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los recursos necesarios para atender la emergencia.

¿Qué permite? Que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden, para atender a las personas, los bienes y servicios en peligro o afectados por guerra, conmoción interna o calamidad pública.

Urgencia. Según el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa : “En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños graves a las personas y daños irreparables a las cosas”, se puede prescindir de los procedimientos de contratación.

Para usar este mecanismo se debe solicitar autorización previa a la Contraloría de la República.

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