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Contra la delincuencia organizada Dispuestos a luchar contra la delincuencia organizada dentro del Estado de derechoFrancisco Dall’Anese Motivado por el editorial deLa Nación del pasado 26 de abril (“Unidad frente al delito”) he creído conveniente hacer un par de reflexiones con el fin de que los lectores puedan observar, aunque sea por medio de un breve resumen, el grave problema que significa el crimen organizado para Costa Rica y para el mundo. Resultan extraños a los costarricenses términos comoyacuza (Japón),tríada (China),mano negra (India),triángulo de oro (Birmania, Laos y Tailandia),triángulo de oro americano (California, Nueva York y Houston),camorra (Nápoles) oandrangheta (Calabria); esto, por cuanto popularmente se denominamafia a todo grupo organizado de delincuentes sin distingo de origen; por ejemplo, se llamamafia a loscárteles latinoamericanos. Sin embargo, pese a compartir algunas características, la dificultad es que cada grupo es diferente y la policía debe enfrentarlo también de manera particular. Solo para ilustración: lamafia nació en Sicilia como respuesta a la política de la ocupación francesa en Italia (1851-1870), tanto así que la denominación es un acrónimo cuyo significado es“Muerte a Francia Italia Anhela” ; posteriormente, la organización se desnaturalizó y se utilizó para el lucro ilícito. La parte de lamafia italiana con operaciones en los Estados Unidos se denominacosa nostra . La historia de las FARC de Colombia es similar a la de lamafia , pues los ideales políticos se transformaron y hoy son uncartel más. Los grupos citados tienen elementos comunes: jerarquía y unidad de mando; estructura cerrada de poder; división de funciones; lealtad y silencio como código de honor; actividades ilícitas clandestinas, muchas veces generadoras de lucro injusto (el terrorismo con fines políticos es crimen organizado); estrategia de apoyo popular mediante liderazgo político o en obras sociales; y, finalmente, gran capacidad de violencia para alcanzar impunidad, poder político y poder económico, aunque el homicidio es el último recurso y antes de cometerlo se agotan las vías del pago ilegal, la contumelia, la amenaza, la coacción, la extorsión y las lesiones. Como medios para realizar las operaciones ilícitas, se recurre a la corrupción pública y privada, financiamiento de políticos, negocios “legales”, amenaza y concreción de la violencia. Para legitimar el producto de las actividades ilegales, se hacen inversiones en banca o negocios aparentemente lícitos. La introducción de grandes cantidades de dinero en el mercado, al igual que su retiro, afecta negativamente la economía y el Estado pierde el control sin el cual resulta imposible gobernar. Otros efectos de las organizaciones criminales son inseguridad ciudadana y competencia desleal entre comerciantes. Tráfico ilícito de drogas. El crimen organizado encuentra en el tráfico ilícito de drogas su principal actividad (también hay tráfico ilícito de personas, de armas y otros) y, todos los grupos, de una u otra manera llegan a los Estados Unidos por ser ese el principal lugar de consumo de los productos ilegales. Es incuestionable que la delincuencia organizada se globalizó primero. Ahora bien, el atentado del 11 de septiembre de 2001, contra el World Trade Center en Nueva Cork (o “9-11”), trajo como consecuencia el fortalecimiento de la seguridad y mayor dinamismo en los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Ante esto y con el fin de no ser descubiertas por ese país, las organizaciones criminales han disminuido la actividad en territorio estadounidense, incrementando así la penetración de droga en Latinoamérica. Esto implica mayor oferta al menudeo en nuestros países. En lo que toca a Costa Rica, es claro que somos víctimas de las nuevas formas adoptadas por el narcotráfico internacional, lo que se confirma con los siguientes indicadores: (i) Una parte, no la mayoría, de la flota pesquera costarricense ha sido sorprendida con grandes cargamentos de cocaína; se presume que es el pago por la gasolina que los pescadores venden a los narcotraficantes para reabastecer sus lanchas rápidas; antes loscarteles pagaban con dinero a los pescadores que les vendían el combustible, pero ahora el pago es en especie; esta cocaína debe ser vendida en Costa Rica para obtener el dinero sucio. (ii) Se detuvo a un alto militante de las FARC de Colombia en actividades de pesca artesanal en una operación ilícita en el Pacífico, lo que se relaciona con el punto anterior. (iii) Se ha detectado gran actividad de narcotráfico en Limón. Los tres anteriores son efectos del 9-11. (iv) Los chinos trafican personas a territorio costarricense con fines de esclavitud. (v) Un día sí y otro también, hay ajusticiamientos por parte de sicarios; y si recordamos lo dicho con anterioridad, en punto a que el homicidio es el último recurso del crimen organizado, estas muertes son reflejo de la gran actividad de las bandas en el territorio nacional. El diagnóstico es claro. Debemos enfrentar con decisión el crimen organizado, por lo que urge y conviene la aprobación legislativa d el proyecto de Ley contra la delincuencia organizada , entregado semanas atrás por el Ministerio Público y el Instituto Costarricense sobre Drogas a la señora Ministra de Justicia. Cada día que pasa es más tarde. Proyecto de ley. Hace pocas semanas, el Ministerio Público y el Instituto Costarricense sobre Drogas entregaron a la Ministra de Justicia, señora Laura Chinchilla, un proyecto de Ley contra la delincuencia organizada cuyo articulado se resume en los 10 parágrafos siguientes: (1) Se transforma la actual Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos del Ministerio Público, en la Oficina de Protección de Personas, adscrita a la Fiscalía General de la República, con la misión de coordinar con los distintos cuerpos policiales del país el resguardo de víctimas, testigos, peritos, jueces, fiscales y policías, para evitar que los integrantes del crimen organizado logren la impunidad mediante amenaza o atentados. (2) Se reconoce y protege especialmente al periodista como sujeto activo de denuncia. Con esto se pretende reforzar la libertad de prensa como forma de control informal. (3) Se crea la Plataforma de Información Policial (PIP), para evitar la duplicidad de esfuerzos, así como para que algún cuerpo policial no se reserve información requerida o la retarde por otro para resolver con celeridad una investigación. (4) Se establece el Centro de Intervención de las Comunicaciones (CIC), para investigar toda forma de delincuencia organizada y de los delitos enumerados en la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones . Funcionará veinticuatro horas todo el año, y permitirá –en tiempo real– recabar información, sobre todo para el rescate de las víctimas de secuestro. (5) Se instaura la Comisión Permanente para la Atención de Situaciones de Crisis, que tendrá a su cargo la formulación de protocolos de reacción y el entrenamiento del personal que deba atender dichas crisis. (6) Se amplían los plazos de prescripción de la acción penal, así como los de prisión preventiva, con la finalidad de evitar que los integrantes de bandas criminales alcancen la impunidad por el simple transcurso del tiempo, o por la fuga u obstaculización que se favorecerían con su libertad durante la investigación. (7) Se posibilita, en todos los casos de delincuencia organizada y bajo el control del tribunal, las intervenciones telefónicas, el levantamiento del secreto bancario y los allanamientos a toda hora. (8) Se implantan mecanismos para que una vez que se judicialice la prueba anticipada, solamente pueda discutirse en una oportunidad su valor, y así evitar que cuestionadas anulaciones sirvan de excusa para absolver a los criminales, como ha sucedido en el pasado. (9) Los intereses provenientes de los bienes decomisados, así como los bienes caídos en comiso (perdidos por el imputado a favor del Estado por ser instrumentos o producto del delito), pasarán a ser administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas e invertidos en la lucha contra el crimen. (10) Para evitar la legitimación de capitales provenientes de cualquier delito grave, se establece la obligación de todo ciudadano de justificar sus incrementos patrimoniales a requerimiento del Ministerio de Hacienda o ante la Contraloría General de la República; y ante la falta de demostración del origen lícito del patrimonio, total o parcial, se aplicaráadministrativamente (no en la vía penal) la sanción de pérdida del capital y el pago de impuestos, multas y costas de la investigación. Se trata de una reforma que no violenta las garantías constitucionales ni los derechos humanos, en momentos en que la población clama por extremar medidas contra la delincuencia. Obsérvese que no hay deterioro de garantías procesales. sino un procedimiento especial, como existen otros en el Código Procesal Penal (proceso abreviado, proceso de tramitación compleja, etc.), al tiempo de dotar a la policía de herramientas adecuadas para investigar el crimen organizado. Con esto se hará frente al fenómeno sin deteriorar o acabar con el Estado de derecho.
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