Mineros protestan en Lima
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LIMA (AFP) -
El anuncio de un paro de controladores aéreos y la protesta de comerciantes en Lima, en medio de conflictos irresueltos en otros sectores, amenaza con extender la tensión social en Perú, golpeado la semana pasada por una ola de protestas encabezada por cocaleros y mineros.
La Defensoría del Pueblo reveló que hay 23 conflictos sociales activos y 46 latentes y que es necesario que el gobierno de García, así como los presidentes regionales busquen resolver las demandas de la población.
Cientos de campesinos cocaleros de la zona central del país, fortalecidos con el apoyo de la región Huánuco (centro del Perú), que el viernes culminó un paro de 72 horas, se preparan para radicalizar sus medidas de lucha con el objetivo que el gobierno instale una mesa de trabajo para solucionar sus demandas.
En la víspera bloquearon vías de acceso a la carretera central -epicentro de la paralización indefinida de sembradores de coca iniciada a mediados de abril- con troncos, piedras y neumáticos encendidos, y se enfrentaron a la policía.
Los cocaleros rechazan la erradicación de sus cultivos, mientras el gobierno aseguró que continuará con esa política por considerar que los grandes excedentes de los sembríos se destinan a la producción de cocaína, acusación rechazada por los agricultores.
Eduardo Ticerán, dirigente de los cocaleros, anunció este sábado que no se llegó a ningún acuerdo con el enviado del gobierno, el congresista Aníbal Huerta, y se mantiene la posición de sostener una reunión en Huánuco o en Lima con el premier Jorge de Castillo para alcanzar acuerdos.
El otro frente que puede provocar más de un dolor de cabeza al gobierno es el anuncio del Sindicato de Controladores de Tráfico Aéreo de un paro de 48 horas el martes y miércoles.
Los controladores piden solución a reclamos salariales, reposición de despedidos y exigen además la adquisición de nuevos equipos que aseguren la aeronavegabilidad en los aeropuertos del país.
Pero la mayor atención de la ola de protesta se centra en un mercado de abasto de 640.000 m2 en el distrito limeño de Santa Anita, donde 10.000 comerciantes junto a sus familias se han atrincherado para oponerse al desalojo ordenado por el Poder Judicial.
El plazo para desocupar el local ya venció, pero los comerciantes anunciaron que formarán una "muralla humana" con sus esposas e hijos para no salir del mercado, que consideran suyo, y han advertido que si entra la policía "correrá sangre".
La municipalidad de Lima sostiene que el terreno donde están los comerciantes es propiedad de la comuna y es usurpado por quienes se oponen a salir del lugar, por lo que el desalojo sería inminente.
Para el analista político y sociólogo Carlos Reyna, los movimientos sociales que crecen en el país son "espontáneos, populares y se debe a la ineptitud del gobierno para prever y resolver los conflictos".
Alvarez Rodrich, analista del diario Perú 21, señaló que las protestas sos "consecuencia de un gobierno que, hasta el momento, ha mostrado la capacidad de mantener los fundamentos económicos que heredó, pero no la visión ni el coraje para plantear reformas de fondo a los viejos problemas nacionales".
El gobierno en medio de la creciente protesta, el viernes se dio un respiro al solucionar la huelga indefinida de los trabajadores mineros que entraba al quinto día.
"El gobierno tiene un plazo de 60 días para concretar los ocho puntos acordados en el acta firmada", dijo a la prensa el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, Luis Castillo.
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