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Fiscalía traslada acusación de caso CCSS-Fischel a juzgado Solo la descripción de las evidencias contra los acusados ocupa 99 páginasJuez deberá estudiar el caso y fijar fecha para una audiencia preliminar Giannina Segnini y Ernesto Rivera gsegnini@nacion.com El Ministerio Público trasladó el jueves al Juzgado Penal de Hacienda la acusación contra el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y siete imputados más en la causa CCSS-Fischel. Ayer mismo, el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José –con sede en Goicoechea– abrió el expediente número 04005356042-PE, en el que se tramitará el juicio por el pago de comisiones a políticos y funcionarios. Fabián Barrantes, jefe de prensa del Poder Judicial, confirmó ayer el envío de la acusación y de la evidencia. De acuerdo con el funcionario, solo la descripción de la prueba quedó plasmada en un documento de 99 páginas que preparó el Ministerio Público. La acusación –presentada el 16 de marzo– afirma que el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y el presidente de la Corporación Fischel, Walter Reiche Fischel “idearon un plan delictivo” que permitió la compra de $39,5 millones en equipo médico para la CCSS, a cambio de retribuciones económicas ilegales. La Fiscalía sostiene, además, que Calderón medió para que el expresidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas García, y el exdirector de esa institución, Gerardo Bolaños Alpízar, “recibieran” y “ocultaran” “pagos ilícitos” del consorcio finlandés Instrumentarium Medko Medical. Ese consorcio, cuyo representante en Costa Rica era la Corporación Fischel, vendió $39,5 millones en equipo médico a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La compra de equipos, según el Ministerio Público, “debía ser adjudicada” al consorcio finlandés “(...) a cambio de la promesa del otorgamiento de retribuciones económicas ilegales sin importar la utilidad y necesidad del equipo adquirido con fondos públicos”. Además de Calderón, Eliseo Vargas, Walter Reiche y Gerardo Bolaños Alpízar, el Ministerio Público también acusó a otros cuatro imputados: al exgerente de modernización de la CCSS, Juan Carlos Sánchez; a los ejecutivos de la Corporación Fischel Marvin Barrantes y Olman Valverde, y al exabogado de la Fischel, Randall Vargas. A todos, menos a Rándall Vargas, se les acusa de dos delitos de peculado y dos de corrupción agravada por la compra y posterior ampliación de compra al consorcio finlandés. También se les atribuye otro delito de corrupción agravada por el plan para la aprobación de una ley que permitió el otorgamiento de un crédito por $32 millones por parte del Gobierno finlandés. Audiencia preliminar. Ahora, el Juzga do Penal debe estudiar el caso y luego dar a conocer la acusación y las evidencias a las partes, a quienes les otorgará 10 días hábiles para pronunciarse por escrito sobre la acusación. En ese mismo acto, el Juzgado debe convocar a una audiencia oral preliminar en la que solo las partes tendrán derecho de participar. Durante la audiencia escrita y oral los acusados podrán presentar todo tipo de excepciones, solicitar sobreseimientos y ofrecer prueba. El jefe de Prensa del Poder Judicial, Fabián Barrantes, indicó que aún no existe fecha para las audiencias y mucho menos para el inicio del juicio oral y público. Previsible. Ayer se intentó conocer la reacción del abogado Juan Marcos Rivero, defensor del exmandatario Calderón. En dos oportunidades pidió que se le llamara media hora más tarde y la tercera vez el teléfono estaba apagado. Tampoco respondió un mensaje que se le dejó. Francisco Campos, abogado defensor de Walter Reiche, manifestó que esta parte del proceso era totalmente previsible, por ser la etapa que siguiente en el proceso penal. “Nos defenderemos de la acusación; hay un tema de utilidad y necesidad (de los equipos médicos) que vamos a rebatir y el plan de autor que atribuye la Fiscalía que para nosotros no existe”, dijo el abogado. Vinicio Zamora, defensor del expresidente de la CCSS Eliseo Vargas, también indicó que el traslado era lo que se esperaba, una vez que se cumpliera con los plazos en los que se le dio audiencia a los actores civiles y a los querellantes. El abogado explicó que en la audiencia preliminar no se pueden discutir aspectos de fondo y que ese espacio más bien “sirve para que el juez analice toda la investigación, para determinar si se ha cumplido con todo el procedimiento”.
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