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EDITORIALDerechos de los estudiantes Los estudiantes pobres no reciben a tiempo las becas otorgadas por FonabeLos dirigentes sindicales de los educadores juegan impunemente con el curso lectivo Si las becas para los estudiantes pobres no cumplen su cometido, por cuanto no se entregan a tiempo o, del todo, se pierden, y si los dirigentes sindicales siguen jugando impunemente con el tiempo lectivo y con los derechos de los alumnos y de los padres de familia, seguiremos dando vueltas a la noria de la mediocridad y del subdesarrollo. Estos dos hechos no son aislados. Ejemplifican una situación y se entrelazan con otras causas que, desde hace muchos años, vienen afectando el sistema educativo. La Contraloría General de la República apunta, en su memoria del 2006, que más de ¢1.800 millones asignados a becas para estudiantes pobres no llegaron a 20.000 beneficiarios. La Contralora General de la República califica esta falla, con toda razón, como “contradictoria y preocupante”. Por otra parte, solo el 22, 2% de los estudiantes pobres, entre 5 y 18 años, recibió la ayuda mensual del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) en el 2005 (67.889 alumnos en un total de 304. 793). Las becas del 2005 solo favorecieron al 40,6% de la población estudiantil pobre y, al 30 de abril de este año, no obstante los esfuerzos correctivos, había 18.000 becas sin retirar. La presidenta de Fonabe atribuye las omisiones señaladas al cambio de casi la mitad del personal, a mediados de año, que impidió contar con la información pertinente y con las listas de los beneficiarios. A confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, no ha funcionado una organización institucional ni un sistema eficiente. Así, un programa social relevante, en beneficio de los estudiantes pobres, ha quedado en manos de la indiferencia burocrática. Una deficiencia que debió atacarse de inmediato y a fondo, dada su naturaleza excepcional, no se corrigió a tiempo. Mas no solo la ineficiencia estatal afecta a los estudiantes pobres. También los dirigentes sindicales suelen hacer causa común para golpear el sistema educativo. Es un pasatiempo conocido. El último episodio se escenificó el jueves pasado por “la declaratoria” de una huelga de parte de la junta directiva de APSE. En esta ocasión, el Ministerio de Educación Pública publicó una amplia información de siete puntos concretos sobre las sinrazones de estos sindicalistas. La mayoría de los colegios no atendieron “la orden” de APSE. Sin embargo, muchos estudiantes perdieron un día de clases. ¿Por qué sin razón alguna procedieron así, como en otras ocasiones, los dirigentes de APSE? Por su desprecio de la educación pública y de los derechos de los estudiantes y de los padres de familia. La calidad de la educación pública no es su objetivo, sino la satisfacción de sus propósitos ideológicos, como lo demuestra también, con abundancia de pruebas, la manipulación constante de los alumnos y de los educadores contra el TLC y, en general, contra los planes de mejoramiento de la educación pública, de parte de la actual administración, y contra la erradicación de vicios enraizados en el MEP. No hace falta reiterar el daño moral e intelectual que esta mentalidad infiere a todos los estudiantes, en particular a los más pobres. Estos abusos sindicales explican por qué muchos padres de familia hacen esfuerzos para educar a sus hijos en las escuelas privadas. Nos llama la atención por qué, ante estas violaciones palmarias de los derechos de estudiantes y padres de familia, la Defensoría de los Habitantes se queda indiferente. Esta entidad toma posición constante contra el TLC, aduciendo o repitiendo supuestos roces constitucionales contra los derechos de los habitantes, mas no ve los quebrantos reales y directos contra los estudiantes y los padres de familia en la educación pública. Extraña posición.
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