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IDA, ¿habrá cambio? Armando Mayorga amayorga@nacion.com Con toda razón, el IDA debería de ser cerrado, como lo recomendó la Contraloría de la República. Desde hace más de una década, el Instituto de Desarrollo Agrario engavetó sus propósitos originales y se convirtió en cuna de corrupción. Las anomalías allí son harto conocidas y nadie ha hecho nada por pararlas, ni sus 500 empleados, diputados o gobiernos de turno. Esa comodidosa parálisis convirtió al IDA en una entidad que sirve más a la clase política y a ciertos empresarios cuestionados, que a los campesinos. Pero no solo eso, el IDA ha sido un instrumento para corromper a parceleros, a quienes se les da tierra para que al poco tiempo la vendan a bajo precio, dizque a inversionistas, el disfraz con que se visten ciertos corruptos. Ahora, el Gobierno anuncia que en lugar del cierre, hará una “profunda reestructuración”. La duda es cuán “profunda” será y hasta dónde habrá real interés en hacerla. Esto, porque si para algo ha servido el IDA, es para clientelismo político y de seguro hay políticos que se opondrán, incluso, chantajeando con sus votos. El viraje que se necesita es grande: para empezar, deben reducirse las potestades del IDA, que son muchas, lo cual ha permitido que los de adentro tengan santa palabra para decidir quién tiene o no tiene derecho a una parcela; así, los terrenos han terminado en pistas de motocrós, casas de verano o en manos de los mismos que deciden. A los funcionarios del IDA, además, debe anulárseles la posibilidad de escoger qué tierras comprar y qué precio pagar, porque está demostrado que no saben elegir buenas propiedades. La prueba es que en 1998 se descubrió que el 80% de las parcelas originalmente otorgadas a campesinos, ya no eran ocupadas por ellos porque son terrenos sin vías de acceso o servicios como agua, luz y escuela. Igualmente, a los campesinos, debe ponérseles límites para evitar que vendan sus tierras y, para eso, se hace necesario que los diputados reformen la ley. El IDA, entonces, debe ser reducido a un organismo técnico y sometido a puntual fiscalización externa. Pero, una vez más, ¿hasta dónde habrá interés? Hay que ser realistas, para una “profunda reestructuración” se requiere cambiar leyes, pero, ¿hace cuánto no legislan los diputados por estar en pleitos? Todo indica, así, que la politiquería seguirá favoreciendo la corrupción y que los ticos seguiremos como espectadores.
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