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Proyectos claves La nueva ley del Sinart S. A. pretende crear una empresa pública con autonomíaAlicia Fournier Vargas Presidenta Ejecutiva Sinart, S. A. El pasado 31 de mayo, cuando juré cumplir con mis deberes como presidenta ejecutiva del Sinart, S. A., sabía que me hacía cargo de una empresa pública con muchas dificultades, tanto en lo administrativo y financiero como en los asuntos de programación y, además, con viejos y obsoletos equipos técnicos. La Ley Orgánica N.° 8346 hizo del Sistema Nacional de Radio y Televisión una sociedad anónima, cuyo capital total pertenece al Estado, lo que no es igual a afirmar que sea una institución pública; es una sociedad que se rige en su giro por el derecho civil y mercantil, pero que está bajo la supervisión de la Contraloría General de la República para la mejor utilización de los escasos recursos públicos que recibe. En junio pasado, presenté ante el Consejo Ejecutivo una serie de acciones claves, con el propósito de modernizar y fortalecer al Sinart, S. A. Una de ellas fue elevar los ingresos mensuales de la empresa porque, pese a que el artículo 19 de la Ley que obliga a las instituciones públicas a pautar en el Sinart el 10% de sus partidas de comunicación y publicidad, esta norma se cumplía en un 45%. Además, la partida subsidiada por el Estado representa tan solo el 30% de los salarios de los funcionarios. Por falta de recursos para comprar programación televisiva, se establecieron desde hace varios años los contratos de coproducción; por medio de esa modalidad el Sinart, S. A. corría con todos los costos del programa: salario de los técnicos y funcionarios, equipos (cámaras, micrófonos, luces, maquillaje, cintas, casetes, etc.) y el coproductor aportaba sus gustos e ideas. Fidelidad a los principios. Algunos de esos programas satisficieron las necesidades de los televidentes y desarrollaron audiencias importantes y los anunciantes apostaron a pautar en ellos, eso ha permitido al Sinart, S. A. cubrir los altos costos de la producción, sobre todo en televisión. Otros, no tuvieron la misma suerte, pues resultaron formatos poco atractivos para los televidentes, por el contenido que trataban o la calidad del programa. Entonces, los altos costos terminaron recayendo sobre el exiguo presupuesto del Sinart, S. A. Ante esta situación, el Consejo Ejecutivo, en setiembre del 2006, solicitó un informe y delegó en la administración eliminar los programas que significaban para el Sinart, S. A. grandes erogaciones financieras por su producción y que carecían de pauta que las compensara. El programa “Diagnóstico” tenía un contrato de la modalidad de coproducción, por un año, del 6 de marzo del 2006 al 6 de marzo del 2007, con un formato de “radio en televisión”, en el que su conductor sostenía un monólogo, más que un diálogo, con sus invitados. Podría ser que en sus inicios, hace 17 años, ese formato fuera viable en televisión, pero en la actualidad eso ha cambiado. Por lo que nunca se logró convencer a los patrocinadores para pautar en este espacio y la audiencia, según la encuesta nacional de medios en diciembre del 2006, indicó un 0,47%; es decir, se estimó que 1.625 personas por semana lo vieron. El cierre del programa “Diagnóstico” no es una violación a la libertad de expresión ni beligerancia política, pues su línea editorial no se intervino ni se perturbó, situación que se puede verificar en las grabaciones de los programas de ese espacio y es público y notorio que el Sinart, S. A. no ha roto con sus principios, en especial con la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones y las opiniones. Responsabilidad administrativa. La nueva ley del Sinart, S. A. busca crear una empresa pública con autonomía, eso representa mayor responsabilidad administrativa y financiera y obliga a la institución a ofrecer una buena parrilla programática a los clientes del sector público para recaudar el 10% de lo que destinan en publicidad y comunicación, y a los del sector privado, acostumbrado a pautar tan solo en las televisoras comerciales y según el rating que se obtenga. Algunos han señalado, que lo administrativo y financiero no es importante porque el Sinart, S. A. es un medio de comunicación estatal y público y se paga con los impuestos de los costarricenses. Es fácil afirmarlo cuando no se es responsable de la gestión. ¿Conocen quienes hacen esa afirmación que en el Sinart trabajan 220 costarricenses y que el subsidio fijo del Estado es tan solo un 30% de la planilla y que, el resto se debe procurar mediante la venta de servicios y alquiler de espacios televisivos o de radio? Estoy plenamente consciente de que la misión de la televisión de servicio público no es comercial, pero también sé que sin ingresos suficientes y diversificados no podrá cumplir con ella, como ha sucedido hasta ahora. Por eso, programas que no responden al gusto y necesidades del público televidente o radial no justifican que el Sinart, S. A. invierta el dinero de los costarricenses en espacios carentes de innovación y entretenimiento.
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