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Víctimas de la ineficiencia estatal Millares de estudiantes no han recibido aún los bonos respectivos para este curso lectivoLos más absurdos procedimientos les impiden disfrutar de la ayuda –mínima– del Estado La ineficiencia del Estado, como, al parecer, creen algunos, se circunscribe a servir de tema para disertaciones, sesudos estudios e investigaciones. No se imaginan aquellos que la negligencia de los funcionarios, sus omisiones y yerros, la indolencia y la corrupción, la lentitud de los procedimientos y el entrabamiento sobrepasan el umbral de las instituciones y se proyectan en las personas, de todos los sectores y de todas las edades, razón de ser del propio Estado. Esta perogrullada viene al caso en relación con la noticia de ayer de este periódico sobre el desaprovechamiento de 19.000 becas para comprar útiles escolares. Este sustantivo, desaprovechamiento, es obviamente un eufemismo, que tendría sentido si sus víctimas provinieran de hogares que disfrutan de medianas o elevadas condiciones económicas. El problema es que para las familias pobres este desaprovechamiento o, mejor, esta usurpación, de parte del Estado, significa el quebrantamiento del derecho humano a la educación que deben disfrutar los estudiantes desde el inicio del curso lectivo. En esta materia no hay plazos ni esperas, ni vale pretexto alguno y, menos, la prolijidad de los procedimientos. El monto de este bono o beca escolar es de solo ¢13.000 para la compra de libros, cuadernos, lapiceros y el uniforme. Más exiguo no puede ser. Sin embargo, el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) no ha recibido aún, dos meses después del inicio del curso lectivo, de muchos centros educativos las listas de aspirantes a este beneficio, seleccionados por un comité de becas en cada escuela y colegio. El procedimiento vigente es la madre del cordero. Un estudiante que repite el año, por ejemplo, no puede recibir el bono hasta que el director de la respectiva institución no haya recibido los resultados de las pruebas de aplazados. Por lo visto, estos datos exigen una investigación tan vasta y profunda que pasan los meses y no sale humo blanco. Tampoco funcionan los procedimientos para el otorgamiento de 10.000 becas para el transporte, pues no se han entregado aún 2.000 para estudiantes de “zonas alejadas” (sic). Estos estudiantes viajan de a prestado. En cuanto a las becas mensuales, por ¢6.000 para escolares y ¢13.000 para estudiantes de secundaria, 12.000 de ellas están pendientes (el 17% del total). El procedimiento es tan rígido, fruto, posiblemente, de intensos cálculos, que quienes no las han recibido, en febrero y marzo, tienen que abandonar, como canta el Dante, toda esperanza. Quizá las finanzas del Estado se desploman, o todo el edificio legal, si se les da efecto retroactivo. En este campo no funcionan los derechos adquiridos. Lo impiden la ley y el procedimiento. No hemos llevado el comentario hasta el absurdo. Simplemente hemos estampado aquí el contenido de la noticia, sin agregar ni quitar, para que se toque con mano la paradoja de un Estado que proclama y defiende el derecho a la educación, como desafío supremo, y que comprende la relación entre esta y el combate de la pobreza, pero que, en punto al otorgamiento de míseras ayudas a los estudiantes pobres, hace que impere un procedimiento irracional. Lo más curioso –otro eufemismo– es que estos viacrucis estudiantiles han sido el pan cotidiano de padres y madres, o de madres solteras, sin que estos procedimientos se hayan desterrado o modificado por falta de imaginación o de ganas. Esperamos que, como ya lo ha anunciado el Ministerio de Educación Pública, se ponga para siempre término a estas, pequeñas o grandes, tragicomedias del Estado que, al igual que otras muchas, se pueden resolver con un poco de buen juicio y de voluntad.
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