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¿Quiénes “somos” responsables? Es urgente comprobar cuál es la causa de los desmanes en el IDAJohnny Meoño Segura jmeonos@ice.co.cr Politólogo y administrador público La inusual e interesante solicitud de la Contraloría sobre la conveniencia de cerrar el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), por incumplimiento apabullante de su ley, nos provoca varias reacciones. El informe de marras en ningún momento ordena el cierre del IDA, sino que recomienda al Consejo de Gobierno valorar dicho cierre o un esfuerzo de salvamento. ¿Por qué desde 1990 no adoptó la Contraloría sanciones con fundamento en el contundente y riguroso capítulo V de su Ley Orgánica , que sin duda habrían aleccionado a irresponsables y corruptos allí y en tantas instituciones públicas? El informe pide que “el ministro de Agricultura como rector de sector” lidere las acciones sugeridas, invocando el Decreto 33151 sobre sectores, pero aquí a quien se nombra como “rector” es a un ministro de un Sector de Producción, no de Agricultura. Requerimientos preventivos. El asunto de “rectoría sectorial” ahora referido en este informe –lo cual nos alegra por razones obvias–, nos motiva a preguntar cuántos requerimientos preventivos e indagatorios para reivindicar o asentar responsabilidades alrededor del IDA hizo la Contraloría desde 1990 al menos, al “Poder Ejecutivo rector” del sector agrícola. Ello es clave saberlo para determinar si los desmanes del IDA respondieron a desobediencia de su junta directiva a directrices gubernativas correctas, o bien a una irresponsable aplicación de directrices ambiguas o corruptas; o, más bien, a la ausencia total de directrices. Existe una innegable responsabilidad del Poder Ejecutivo “de turno” sea por dirigir mal, o por no dirigir del todo, lo cual ocurre cuando el Presidente con cada ministro de sector no se molesta en “ordenar y vigilar la actividad de los entes” según los artículos 27.1, 98, 99 y 100 de laLey General de la Administración Pública (léalos, estimado lector, y verá la magnitud de los efectos nocivos de su no ejercitación en el país). Y ¿qué hay de la misma Contraloría y de los partidos al menos de “oposición” si tampoco han exigido ni controlado, respectivamente, ese cumplimiento integral por los gobiernos al menos desde 1978 en que nació la LGAP? Incumplimiento total. Durante décadas, hemos denunciado que dicha omisión ha llevado al incumplimiento total del Art. 140 constitucional sobre “deberes y atribuciones conjuntas del Presidente y de cada ministro”, inciso 3) “sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento”, e inciso 8) “vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”. ¿Quiénes “somos” responsables, entonces, de este marasmo monumental del IDA y de tantos entes autónomos? Y… de paso, ¿cómo calculó la Contraloría la bicoca de ¢200 millones para la auditoria externa que sí ordena el informe? ¿No sería mucho menos costoso y más confiable formar un equipo interinstitucional de auditores bajo su mando, según lo permite su propia Ley Orgánica ? ¿Podría la Contraloría aclarar estas situaciones de tanto interés público, por favor?
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